En la semana que termina hemos observado cómo el municipio de San Pedro Garza García, uno de las localidades con mayor ingreso per cápita en México, y con el prestigio de ser el lugar más seguro, ha sucumbido parcialmente al control territorial por parte del crimen organizado. No sólo tenemos robos, atentados y ejecuciones, además se habla de cobro de piso, es decir, un impuesto paralelo al gobierno municipal, el cual, junto con el secuestro, es uno de los que más lastima a la ciudadanía.

La pregunta que no podemos evitar, es: ¿cómo es posible que siendo un lugar que había logrado un supuesto blindaje contra la criminalidad, ahora sea éste sólo una leyenda? Lo que ocurre en San Pedro es sintomático de lo que está pasando a nivel estatal y también en ciertas entidades federativas, donde la enfermedad catastrófica de las células criminales está resurgiendo con fuerza aún desconocida.

La analogía del cáncer como un referente metafórico del fenómeno criminal, ha sido muy utilizada, y no quisiéramos nuevamente volver a retomarla, pero, aunque no nos guste, es la metáfora más precisa para tratar de comprender lo que ocurre a un año del inicio de gobierno de la 4T. El fenómeno es el siguiente: el cáncer está expandiéndose de manera silenciosa por todo el organismo, es decir, está en pleno proceso de metástasis; y lleva en este estado un año, desde que la 4T decidió dar abrazos en lugar de balazos.

La estrategia de atender las causas e ir al fondo del fenómeno de la violencia social, es loable y requiere un seguimiento puntual como política  social, ya que posee un carácter preventivo y sus efectos se podrán observar dentro de tres o cuatro años, seguramente para finales del sexenio. Mientras que esto ocurre, la metástasis sigue su curso y se expande rápidamente gracias a la tregua que ha dado el gobierno federal a los grupos criminales.

El resurgimiento de las organizaciones criminales en San Pedro es sólo la punta del iceberg de este fenómeno, la hipótesis es que la mayor parte de los municipios de Nuevo León están nuevamente  controlados por grupos criminales que tienen poderosa influencia  en  distintos territorios que les permiten establecer rutas para el trasiego de drogas, mercancías y personas. Este control es subrepticio, es decir, sólo la población más expuesta y que es expoliada de manera cotidiana, es la que puede dar cuenta de ello: comerciantes, transportistas, hoteleros, restauranteros, gasolineros, hasta los mismos migrantes.

La estrategia de los grupos criminales es antigua, la conocemos desde hace más de una década, corrompen  a las policías locales y las someten como si fueran sus  empleados, además, reclutan a gente de la comunidad como vigías e informantes. Las organizaciones criminales que hace un lustro se consideraban prácticamente desarticuladas, están resurgiendo de las cenizas, se están reorganizando, están nuevamente por la lucha de sus antiguas rutas y territorios, el caso San Pedro es ilustrativo de este fenómeno.

Este municipio es el que mayores recursos económico posee, y seguramente podrá aliviar la infiltración que ha recibido por parte de los criminales, pero ¿qué puede esperar un municipio que no pertenezca al área metropolitana, que tenga menos  recursos económicos  y una organización policial más endeble?

La tregua de un año que ha brindado la 4T a los criminales es un espejismo que no le permite evaluar la realidad social que vivimos de manera adecuada; desafortunadamente el presidente AMLO está cegado ideológicamente respecto al fenómeno criminal, lo confunde con grupos alzados que requieren ser pacificados, insiste mucho en ello al señalar que “vamos a pacificar al país”, como si se tratara de una confrontación bélica con fines político ideológicos. Los cárteles no son grupos guerrilleros, el cártel del pacífico no es el EZLN, ni el cártel Jalisco Nueva Generación es el EPR. Además, está ceguera se ha incrementado con el caso García Luna, que ha sido interpretado como una confirmación positiva de la política de seguridad de la 4T, donde la corrupción es el elemento central de las causas de la violencia social.

La política de la 4T gira en torno a un modelo explicativo de causa efecto, donde atacando las causas deberán desaparecer los efectos de manera lineal, y sabemos que la realidad social no funciona baja un modelo lineal de causa efecto; la realidad social es mucho más compleja, seguramente las causas detonaron originalmente el problema, pero en este proceso  de interacción entre variables, se desarrollan elementos que de manera circular permiten el sostenimiento, la reedición de los efectos sin que ello implique necesariamente a las causas originales. Un fenómeno de violencia social como el que vivimos requiere de un modelo circular que de cuenta de su complejidad inherente.

Qué significa lo anterior en términos llanos: quiere decir que aunque se modifiquen las causas originales, el fenómeno se sostiene por otras variables intervinientes distintas, y que forman parte del entramado socio cultural que tiene que ver con los valores, las emociones, las expectativas, las representaciones sociales, la ambición y el poder. La interacción permanente de estos elementos  sostiene y reproduce el fenómeno de violencia social.

Por si esto fuera poco, tenemos además, el tema de las consecuencias de ser delincuente, en un país donde sólo un uno por ciento de los delitos son castigados con una sentencia judicial, el 99% permanece impune. Por lo que tenemos una falla sistémica en la administración de la justicia, los fiscales, los jueces las policías, son elementos que requieren mejorarse y, a excepción de la Guardia Nacional y las fuerzas armadas, los otros elementos intervinientes no dependen de la 4T.

Los grupos criminales lo saben, tienen una tregua por parte de las fuerzas federales de seguridad que están aprovechando, están luchado por el control territorial asesinando a los policías municipales y estatales que se oponen a sus intenciones y les estorban.  Con esta política claudicante de la 4T ha llegado la hora de que los gobernadores y los presidentes municipales retomen el control de sus propios territorios, que defiendan a la ciudadanía como les compete por ley, y que asuman localmente el liderazgo perdido por el comandante supremo de las fuerzas armadas mexicanas.