Numerosas voces, desde la izquierda, se han pronunciado por que la Cuarta Transformación empiece por realizar una reforma fiscal que implicaría, por un lado, incidir en el hasta ahora terrible reparto del ingreso, y, por otra parte, significaría un aumento de recursos para el Estado, que le permitiría financiar la inversión y los programas sociales. En cierta forma tienen razón, sin embargo, hasta el mismo Marx advierte que en momentos de crisis no es viable aumentar impuestos, ya que esa determinación acentuaría la tendencia a la baja de la actividad económica. En el caso de México, hoy, es evidente que para la actual administración es importante crear la confianza de los empresarios, a fin de evitar la paralización de la inversión o la fuga de capitales, con la consiguiente desestabilización de la economía.

La coyuntura, pues, explica que, por el momento y se supone que hasta mediados del sexenio, no habrá ni aumento ni creación de nuevos impuestos. No obstante, sí hay lo que podría llamarse una reforma fiscal silenciosa, que desde mi punto de vista puede resultar eficaz para transformar las condiciones. Desde hace décadas, muchos economistas y analistas en general, hemos sostenido que la desigualdad fiscal no radica tanto en la estructura de las tasas a las que se cobra el impuesto sobre la renta, ya que quienes tienen más altos ingresos en el país les corresponde una tasa de entre el 34 y el 35 por ciento, sino en el hecho de que las corporaciones y en general los grandes contribuyentes, eluden o evaden el pago de impuestos.

Una de las principales vías es registrar deducciones autorizadas, o bien cometer fraudes fiscales a través de la compra de facturas falsas a empresas fantasma que se dedican a ese ilícito. En ese terreno, la Secretaría de Hacienda ha realizado investigaciones para combatir este delito y el Congreso aprobó una reforma para que se considere como delincuencia organizada a quienes emitan facturas falsas.

De similar importancia es la práctica de la condonación de impuestos y la cancelación de créditos fiscales. De acuerdo con alguna fuente se condonaron 600 mil millones, y según otras, 474 mil millones durante los dos sexenios anteriores. Frente a esa magnitud, se ve la importancia de que primero el presidente López Obrador firmó un decreto para prohibir la condonación de impuestos y luego el Congreso reformó el artículo 28 de la Constitución para elevar a ese rango la prohibición. El otro caso es el de la cancelación de créditos fiscales que consiste en que el SAT considera incobrable el crédito. Según Margarita Ríos Farjad, quien era la directora del Sistema de Administración Tributaria (ahora ministra de la Suprema Corte de Justicia) en total entre condonaciones y cancelaciones se alcanzó la increíble cifra de un billón, (millón de millones) 100 mil millones de pesos durante las administraciones de Calderón y Peña Nieto.

Por supuesto, las grandes empresas beneficiarias buscaron ampararse para que no se dieran a conocer sus nombres, pero a partir de octubre pasado se publicaron las listas y ahí se encuentran, por ejemplo, Cemex, Volkswagen, General Motors, Carso, Hewlett-Packard y muchas otras.

Los montos de condonaciones y cancelaciones de créditos fiscales, y los que corresponden a la defraudación fiscal con facturas falsas, muestran claramente que con los cambios a la legislación y las acciones del Ejecutivo, se está llevando al cabo lo que puede caracterizarse como una reforma fiscal silenciosa, bastante más efectiva que la modificación de tasas.

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