Tomo prestado el título del conocido cuento de Juan José Arreola. En este relato se describe el grotesco espectáculo en el que un saltimbanqui polvoriento simula someter a una mujer "con un látigo de seda floja". La mujer camina encadenada del cuello a la mano del domador. Es obligada a desplazarse erecta y a contestar —sin mucho éxito— operaciones de aritmética elemental. La multitud aplaude y arroja monedas. La mujer las recolecta en un gorro de lentejuelas.
La idea no es hablar de las pulsiones misóginas del relato, sino de la creciente tentación de los gobiernos por limitar la participación de la sociedad civil organizada. Los intentos por contar con una sociedad civil "leal" que aplaude y arroja besos a ritmo del chasquido de un gobierno no es cosa nueva. Sin embargo, a decir del "Informe sobre el Estado de la Democracia en el mundo y en las Américas 2019", presentado por IDEA Internacional, el espacio cívico se ha restringido.
La organización encargada de apoyar procesos electorales equitativos y de promover la democracia en el mundo, da cuenta del número creciente de países que han adoptado a la democracia como forma de gobierno. En contraparte, señala como uno de sus desafíos hacer de la participación ciudadana libre e informada, uno de sus atributos fundamentales. En el análisis sobre la contribución del espacio cívico confluyen tanto la participación formal —por la vía de las elecciones y mecanismos de democracia directa— como la participación ciudadana informal. La participación de la sociedad civil más allá de las urnas se concreta a través del ejercicio de tres derechos fundamentales: el de expresión, el de información —con la integridad de los medios de comunicación— y el de las libertades civiles como el derecho de circulación y asociación.

En América Latina y el Caribe la sociedad civil se ha expandido y diversificado, incorporando grupos excluidos políticamente. Los movimientos por el combate a la corrupción, los que reivindican derechos de las mujeres o los que exigen justicia para las víctimas de desapariciones, han logrado incidir en la agenda pública y legislativa. No obstante, la proporción de países de la región con niveles óptimos de participación de la sociedad civil o con integridad de los medios de comunicación se ha reducido a la mitad desde 2015. La contracción del espacio cívico ha sido, en algunos casos, parte de la ruptura del orden democrático. En otros, como: Brasil, Chile, Colombia, Guatemala o México se ha restringido a través de regulaciones que afectan el derecho a protestar, desarrollar actividades cívicas o informar.
La violencia contra activistas de derechos humanos y periodistas es también un lastre. En 2018, el 74% de los 321 activistas de derechos humanos asesinados en el mundo murieron en América Latina. El segundo país con más víctimas acumuladas fue México con 48. Y en el tiempo que lleva la actual administración, 19 periodistas han sido asesinados y 14 activistas de derechos humanos encontraron una muerte violenta.
En nuestro país, la sociedad civil es diversa, compleja y dinámica. De las 42 mil 270 organizaciones sociales con registro, un porcentaje visible está en la CDMX y está involucrada con temas de la agenda nacional. Sin embargo, tanto a nivel federal como a nivel estatal y municipal, una diversidad de organizaciones, trabajan en la concreción de una agenda de derechos a través de alianzas con actores políticos convencidos de la necesidad y el valor de la participación ciudadana organizada. En esos casos, la tentación del domador está latente. Pero cuando se han cerrado puertas, se abren otras ventanas.