A un año de gobierno vamos mal. No basta presumir el "cumplimiento" de 89 de 100 compromisos. La realidad se impone. En cuanto a seguridad, si comparamos los primeros once meses del presidente López Obrador, con los correspondientes al mismo periodo de otros sexenios, se advierte que el número total de delitos se ha incrementado. Respecto del sexenio de Fox, los delitos aumentaron en un 41%; respecto del de Calderón, en un 27%; respecto del de Peña Nieto, en un 18%. Esto incluye delitos de alto impacto como homicidios, feminicidios, secuestros y extorsiones. Se puede afirmar que, así como vamos, el año cerrará con cerca de 40,000 asesinatos, para un promedio diario de 110, lo que es inédito y evidencia que veníamos mal y estamos peor.
En el primer año de gobierno, hay descontento en esta materia. Las marchas del pasado 1 de diciembre, en la que miles de personas le pidieron a nuestros gobiernos, el federal y los estatales, que rectificaran su mal llamada "estrategia", es prueba de esto. Sin embargo, el presidente, en lo que le corresponde, insiste en lo suyo, y los gobernadores continúan ausentes.
¿Consolidar qué? Se optó por elevar a rango constitucional la militarización de la seguridad pública. Por un lado, se estableció la facultad del presidente para disponer de la Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública durante cinco años. Por otro, se creó la Guardia Nacional, un cuerpo que, a pesar de estar adscrito a una secretaría civil, es militar. Es necesario enfatizar esto último, pues todos sus procesos están homologados con los de las Fuerzas Armadas; todos los mandos son militares; el reclutamiento se está realizando únicamente en cuarteles militares; y no hay información presupuestal que nos permita corroborar la creación de nuevas plazas.
A un año de gobierno, desaparece la Policía Federal, la única institución de carácter civil a nivel federal, y la cual contaba con más de 35 mil elementos. Por otro lado, el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, requiere para su implementación de una gran cantidad de recursos que aún no queda claro cómo se obtendrán. Seguimos sin saber el número real de policías operativos con los que cuenta el país. Lo que sí sabemos es que la mayoría de los policías trabajan jornadas laborales de 24 horas o más, y muchos reciben salarios base mensuales inferiores a los 10 mil pesos.
En suma, las policías locales subsisten muy precariamente, lo que no fue tomado en cuenta a la hora de establecer el presupuesto para seguridad. De acuerdo con en el dictamen de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, el presupuesto para seguridad crecerá apenas 0.7%, lo que representa menos de 1% del Producto Interno Bruto. La Sedena continuará siendo la institución que más recursos recibirá, con más de 94 mil millones de pesos. La Guardia Nacional recibirá cerca de 3 mil millones de pesos para "gastos personales" (que ni de lejos cubre la nómina, que realmente se queda en Sedena). El fondo de apoyo a municipios, el Fortaseg, disminuirá en alrededor de un 3.5% (recorte adicional al 23% de este año).
Todo lo anterior debe preocuparnos a todos. ¿Seguirán las policías en el abandono? ¿Seguirá sin enfrentarse al crimen organizado? ¿Habrá justicia para la familia LeBarón y para todas aquellas que enlutan cada día? Urgen políticas y definiciones que nos permitan salir de este pantano de violencia y derrumbe institucional. Por el bien de todos, ojalá exista una reserva de sensibilidad y autocrítica del presidente y los gobernadores para enmendar el rumbo. Nos urge a todos, porque todos vamos en el mismo barco.
Twitter: @MaElenaMorera