Cierto es que la Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres se lanzó en Nuevo León desde el 2015 y aplica en todo el territorio estatal, pero obliga de manera directa en los municipios de Apodaca, Cadereyta, Guadalupe, Juárez y Monterrey, la triste realidad es que las autoridades no han sido eficientes para prevenir y proteger la vida de mujeres amenazadas, que aun cuando claman auxilio no siempre son escuchadas.

Dolorosamente en muchos casos ya no las escucharemos, porque los agresores han cumplido sus amenazas y las han privado de la vida.

A cualquier hora del día hay mujeres y sus familiares que denuncian a los agresores ante la autoridad, pero lo más grave es que como respuesta reciben la apatía o la omisión en investigar a los presuntos delincuentes, procesarlos y castigarlos, pues de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública andan sueltos causando más dolor y lo cual provoca que nuestro Estado ocupe el deshonroso tercer lugar nacional en feminicidios, con 58 víctimas de enero a noviembre de este año.

Son cifras funestas que confirman las nefastas estadísticas que de cada 100 mujeres mayores de 15 años, 62 han padecido algún incidente de violencia y que del 1 de enero al 31 de octubre se recibieron 87 mil 825 llamadas en los teléfonos de emergencia para denunciar algún tipo de violencia contra la mujer; es decir, 288.89 llamadas en promedio al día.

Pero, además que Nuevo León también sea ‘líder’ a nivel nacional en llamadas de emergencia por abuso sexual, con un total de 937 en el periodo antes señalado, muy por encima del segundo lugar, Chihuahua, que suma 538, y del tercero, Sonora, con 529, las tres entidades con más de 500 casos.

Aparte de las cifras anteriores, en los primeros diez meses del año se realizaron 61 mil 093 llamadas de emergencia relacionadas con violencia familiar en Nuevo León, segunda cifra más alta en el país y sólo menor a la de la Ciudad de México, la cual cerró este lapso de tiempo con 68 mil 819 casos.

Cabe agregar que Nuevo León ocupa el tercer sitio en llamadas de emergencia relacionadas con violencia de pareja, con un total de 24 mil 945.

Se debe considerar también que de enero y octubre de 2019, según la Fiscalía General de Justicia del Estado, ocho menores de cinco años fueron asesinados en condiciones de maltrato, entre ellos cuatro bebés menores de un año. Hasta ahora son 30 menores asesinados en lo que va del año, cien por ciento más que en el mismo lapso de 2018, así como once menores asesinados a golpes o con otro elemento mortal. La violencia escala de manera alarmante hacia nuestra infancia y esto nos obliga a redoblar las medidas y acciones de prevención y protección, incluso desde la concepción.

Por ello, la inseguridad es la mayor preocupación de las nuevoleonesas, pero en materia de delitos por feminicidio, abuso sexual, violencia de pareja y violencia familiar no es posible combatirlos con más policías y más armas.

Las acciones de seguridad, de prevención y de justicia para proteger a mujeres y niñas requieren de ‘cero tolerancia’ como política de Estado contra los agresores y, sobre todo, fortalecer los vínculos familiares tempranos con condiciones adecuadas para la gestación, el parto, la lactancia, la maternidad y la crianza positiva, así como la educación integral desde la primera infancia.

Facilitar la educación, la salud, la vivienda, el trabajo, el transporte o la alimentación a las familias significa darles esperanzas de una vida mejor, pues ahí donde nos estancamos surge la desesperanza y la tentación de la violencia para arrancar por la fuerza lo que no hemos obtenido por la vía pacífica.

El verdadero combate a la violencia de género hay que darlo mejorando las condiciones de desarrollo y bienestar de las familias, en la transmisión de valores humanos en centros escolares y laborales, así como en el fomento al deporte, al esparcimiento y al disfrute de la cultura y las bellas artes.

Para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, más allá de acciones coordinadas entre las autoridades o de sistemas de protección especial a las víctimas, la herramienta más efectiva para que vivan una vida libre de violencia y prevenir actos futuros de agresión, es lograr su empoderamiento con plena autonomía económica, social, política, cultural y, sobre todo, reeducar al hombre a través de la pedagogía del amor para inhibir cualquier tipo de violencia psicológica, física, sexual, patrimonial, económica, digital o la muerte, hasta transformar la cultura ‘machista’.