Así como el Gobernador estimó necesario ejercer su derecho a realizar observaciones al Decreto mediante el cual se expidió la Ley de Archivos para el Estado de Nuevo León en mayo de este 2019, así también la 75 Legislatura superó dicho veto con el voto razonado el pasado 21 de octubre.

 Mediante un nuevo proyecto de Decreto de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte -la cual es un honor presidir-, se respondió a cada una de las observaciones del Gobernador sin ánimo de continuar la llamada “guerra del veto contra el voto entre los poderes Ejecutivo y Legislativo” y se logró que la Ley de Archivos se promulgara en el Periódico Oficial del 4 de noviembre.

 Dimos así un paso histórico al establecer los principios y las bases generales para la organización, conservación, administración y preservación de archivos en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en posesión de órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, además de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad del Estado y de los municipios.

 Tenemos ahora una Ley que determina las bases de organización y de funcionamiento del Sistema Estatal de Archivos y que servirá para fomentar el resguardo, la difusión y el acceso archivos públicos y privados de relevancia histórica, social, cultural, científica y técnica para el Estado y la Nación.

Atrás quedó la observación de que la Ley era presupuestalmente inviable, de acuerdo con el análisis que el Tesorero le presentó al Gobernador. Al respecto, el Legislativo determinó fijar en el Transitorio Primero el plazo de un año para la entrada en vigor de la Ley, con el propósito de que el Ejecutivo tenga el tiempo suficiente de realizar modificaciones presupuestales para la aplicación de la Ley y también lo hagan los sujetos obligados.

 El Ejecutivo advirtió un incremento presupuestal de 12 a 98 millones de pesos para cubrir los gastos de operación anual del Archivo General del Estado, ante lo cual señalamos que también está en tiempo de proyectar el presupuesto para el ejercicio fiscal 2020, donde incluya las cifras que observó, con el fin de que el Archivo cuente con recursos suficientes y las finanzas del Estado mantengan equilibrio presupuestal ¡Esperamos que así se haga!

 El Gobernador observó además que sin mediar iniciativa del Poder Ejecutivo se pretendía crear el Archivo General como un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía técnica y de gestión, por lo que el Legislativo incurría en una violación al régimen constitucional de competencias.

 Para superar dicha observación, el Legislativo admitió que el Artículo 87 de la Constitución Política del Estado faculta al Ejecutivo, como titular de la administración, a crear estructuras administrativas, por lo que se procedió a eliminar las definiciones y conceptos relativos al Director General, al Órgano de Gobierno y al Órgano de Vigilancia, así como a modificar el Capítulo Primero “de la Organización”, el Capítulo Segundo “del Consejo Técnico y Archivístico”, el Título Sexto “de la Organización y Funcionamiento del Archivo General del Estado” y el Artículo 95 en especial.

 El Artículo 95 establece ahora que el Archivo General será una unidad administrativa que forma parte del Estado, cuya organización y estructura orgánica será determinada por el Ejecutivo con base en las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado, por lo que el Legislativo votó a favor de tener por recibidas y parcialmente aceptadas las observaciones del Ejecutivo, confirmando así la aprobación del Decreto de Ley con las modificaciones señaladas.

 Nuestro agradecimiento a Héctor Jaime Treviño Villarreal, director del Archivo General, así como a la ex diputada Laura Paula López Sánchez y a los comisionados de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información, Sergio Mares Morán, Juan de Dios Villarreal González, Jorge Alberto Ylizaliturri Guerrero y Bernardo Sierra Gómez, por promover la Ley con el objetivo de usar métodos y técnicas archivísticas para desarrollar un Sistema Estatal de Archivos que contribuya a la eficiencia y eficacia de la administración y gestión gubernamental, que asegure el acceso oportuno de la ciudadanía a la información de los archivos y con ello a la rendición de cuentas, que siente las bases para un sistema integral de gestión electrónica tendiente a establecer gobiernos digitales y abiertos y, sobre todo, que sirva para ejercer el derecho a la verdad y a la memoria histórica.