En estos días hemos visto expresiones del poder que combate a la corrupción en los tiempos de la 4T. Hay casos que ilustran el tema: la renuncia de un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Eduardo Medina Mora, que no explicó las causas de su decisión. La suspensión de un magistrado, Jorge Arturo Camero Ocampo, por parte del Consejo de la Judicatura Federal. También están las declaraciones del ministro presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar, sobre la lucha en contra de la corrupción y del nepotismo que abunda dentro del poder judicial; y sobre las presiones del entonces presidente Felipe Calderón sobre los expedientes de la Guardería ABC y de Florence Cassez. ¿Hay un hilo que vincula estas expresiones del poder?

El discurso cotidiano de AMLO en contra de la corrupción ha marcado una prioridad de su gobierno, por eso se ha puesto mucha atención a las acciones para combatir estas prácticas que han inundado la vida pública del país. La corrupción se ha convertido en unos principales campos de lucha de poder en esta administración. Esta narrativa se ha usado como un mecanismo diferenciador para el llamado cambio de régimen. Prácticamente todos los días conocemos de algún caso de corrupción, donde se levante alguna piedra brota el abuso, el robo y el saqueo, como señala el reportaje de los "moches en Pemex" para la campaña de Peña Nieto (EL UNIVERSAL, 14/X/2019). Por eso, resulta paradójico escuchar a adversarios de la 4T quejarse de lo que se ha perdido con AMLO, como si México hubiera sido Suiza o Dinamarca y ahora nos encamináramos a ser como Venezuela. Pero, ni éramos como Europa, ni vamos hacia el chavismo.

Ha circulado mucha información de la lucha en contra de la corrupción y de los problemas que ha generado, como lo que ha sucedido con las medicinas, los laboratorios y los distribuidores. Estas batallas han llevado, por ejemplo, a tener escasez y nuevos brotes de dengue. En otras partes los esfuerzos son para suprimir prácticas inaceptables, como las condonaciones fiscales. Ahora le ha tocado al poder judicial, en donde se han vuelto intolerables casos como el de Medina Mora o Camero. Sin embargo, estos personajes despiden un fuerte olor a una justicia impregnada de intenciones políticas. Si atendemos al texto de Mario Maldonado, publicado en El Universal el 10 de octubre, en donde se da cuenta de cómo se hizo un bloqueo y desbloqueo de las cuentas de familiares de Medina Mora por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, con lo cual se presume que hubo presión sobre esa renuncia. Al mismo tiempo, en la decisión sobre Camero surge la duda porque se trata de un magistrado que votó en favor del amparo para detener el aeropuerto de Santa Lucía. En esta trama el hilo que une los casos es que son adversarios del actual régimen. Lo cual no quiere decir que no haya responsabilidad o corrupción. Es la misma duda en el caso de Rosario Robles, donde llama la atención la soledad de la exfuncionaria, porque no se ve, hasta el momento, la extensa red que operó la famosa "estafa maestra". Parece que existe una intencionalidad política en esos procesos de justicia. En el sentido inverso, cualquier sospecha de corrupción dentro de las filas de la 4T genera un escándalo, como ha pasado con el actual director de la CFE, Manuel Bartlett.

¿Cómo saber si realmente la 4T y AMLO están combatiendo a fondo la corrupción? En el Barómetro Global de la corrupción, publicado hace tres semanas, mejora 17 puntos la percepción sobre el problema. Sin embargo, la batalla será larga para romper las inercias en donde está enquistada la mezcla de intereses políticos y económicos. Para hacer esto se requiere de una construcción institucional que pueda disminuir los altísimos niveles de impunidad que existen en el país; así como un ejercicio de la autonomía de los poderes y de los órganos constitucionales, contrapeso necesario en una democracia. Las respuestas sólo se podrán ver cuando sus resultados no tengan la sospecha de que sólo se castiga a los adversarios, como era antes…

Twitter: @AzizNassif