El pasado 23 de septiembre, ante el llamado del movimiento mundial para combatir el cambio climático, el presidente Andrés Manuel López Obrador, descartó públicamente la existencia de la emergencia climática en México en un contexto en el que la evidencia científica y los impactos socioambientales del cambio climático demuestran justamente lo contrario.

Los impactos climáticos han llegado a un punto tal en el que ya no sólo se habla de fenómenos hidrometereológicos extremos sino que día a día aumentan los grupos afectados, entre ellos, los desplazados climáticos quienes deben cambiar su lugar de residencia con las respectivas implicaciones económicas, políticas y sociales tanto para los grupos afectados como para los gobiernos que deben atender nuevas condiciones sociodemográficas.

Al respecto, es importante mencionar que, de acuerdo con el Centro para el Monitoreo del Desplazamiento Interno, tan sólo en 2018, 17.2 millones de personas en el mundo se vieron obligadas a huir dentro de sus propios países debido a desastres y peligros relacionados con el clima, como son el caso de las tormentas, ciclones, inundaciones, sequías, calores extremos, incendios forestales y deslizamientos de tierra. En México, en el mismo año, hubo un total de 20,000 desplazamientos cuyo origen fueron los desastres naturales frente a 11,000 desplazamientos con causas relacionadas con el conflicto y la violencia. Desconocer la emergencia climática, por lo tanto, no sólo implica ignorar la evidencia científica, sino que además minimiza las voces legítimas de todas aquellas personas afectadas por el cambio climático y cuya preocupación se ha dejado escuchar a través de movimientos sociales y estudiantiles en el último año. México, aunque aún con cierta pasividad, no ha sido la excepción.

El pasado 1 de octubre, Mario Molina, premio Nobel de Química 1995, se mostró preocupado por la postura del presidente López Obrador en pro de reactivar la actividad petrolera en México con proyectos como el de la refinería en Dos Bocas, que pretende erigirse en Paraíso, Tabasco. Tomando en cuenta lo anterior, el doctor Molina estableció "que México debe de buscar el crecimiento económico a partir de la productividad, el desarrollo de nuevas tecnologías y mejorar las infraestructuras de energía solar y eólica". Esto último, por supuesto, debe de darse respetando en todo momento los derechos humanos de las personas que habitan en las comunidades donde se pretendan llevar a cabo este tipo de proyectos.

En un marco de respeto a los derechos humanos como al que aspira nuestro país, los impactos del cambio climático se traducen en posibles violaciones que atentan contra el goce efectivo de dichos derechos, entre éstos, destacan los derechos humanos a un medio ambiente sano, a la salud, a la alimentación, a una vivienda digna y al agua. En ese sentido, también organismos internacionales tales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han abierto espacios para escuchar las demandas legítimas de la sociedad.

El pasado 25 de septiembre, quince organizaciones nacionales y regionales que involucran al menos 9 países de América fueron escuchadas por la CIDH durante el 173 período de sesiones. En dicha audiencia las organizaciones manifestaron su preocupación ante los impactos del cambio climático y plantearon posibles medidas efectivas de respuesta a grupos en situación de vulnerabilidad. Las Comisionadas reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias ameritan. En ese mismo sentido, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, en el último informe presentado para México el pasado mes de agosto, manifestó su preocupación por los efectos de la crisis climática, tales como la degradación de la tierra y las afectaciones a los recursos hídricos, los cuales impactan de manera desproporcionada a los pueblos indígenas.

Por lo tanto, desconocer la emergencia climática y considerar que mitigar los efectos negativos del cambio climático es sólo tener un "mejor cuidado del medio ambiente a través de la implementación de programas como Sembrando Vida", tal como lo dijo el Presidente AMLO, denota no sólo un desconocimiento del tema sino una falta de voluntad para llevar a cabo los cambios estructurales necesarios que implica cumplir con la responsabilidad intergeneracional de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y garantizar con ello derechos humanos fundamentales.

Ante la ausencia de la voluntad política y liderazgo de la autoridad federal para enfrentar este problema, vale la pena entonces proponer que debe ser la sociedad civil quien se coloque a la cabeza del tema y declare la emergencia climática. ¿Quién se apunta?