Mientras los sistemas políticos tuvieron algo que repartir entre los sectores de la población menos favorecidos, las reglas del juego para la toma de decisiones y el ejercicio del mando eran aceptados por todos: no abusar del poder y transmitirlo intacto al contrincante, en caso de derrota electoral. De ahí que por mucho tiempo se estimó que el sistema resultó ser el fruto de una curiosa mezcla de moderación y demagogia, de educación y engaño del elector, hasta que finalmente los norteamericanos, escribió Huntington: “A lo largo de la década de 1950, prevaleció en toda la política exterior norteamericana la suposición de que las mejoras económicas-eliminación de la pobreza, la enfermedad, el analfabetismo- eran necesarias para lograr el desarrollo y la estabilidad políticos. Según el razonamiento norteamericano, el orden de causalidad se encadenaba así: la ayuda económica promueve el desarrollo económico; éste promueve la estabilidad. Este dogma fue consagrado por la legislación y, lo que es más grave aún, quedó arraigado en el pensamiento de los funcionarios de la AID y otras entidades vinculadas a con los programas de ayuda exterior” (El orden político en las sociedades en cambio)

Esto en cierta manera, hizo prescindir de los partidos revolucionarios haciéndolos salir de la clandestinidad, y el fenómeno de la relativa prosperidad y estabilidad los desplazó hacia la derecha, movidos por la consideración de que sus programas de reformas no podían tener éxito ante los electores, o se habían vuelto impracticables e innecesarios, por lo que algunos optaron por aproximarse a la postura de los partidos de corte conservador, renunciando a la postura de movilizar la opinión pública en demanda de cambios en la estructura económica y social, en el mejor de los casos. Porque en México, se padeció más del síndrome de una izquierda mutilada por la dirección de la estrategia que los hizo parecer una expresión plural, cuando el gobierno aprovechó la coyuntura para descomponer a los partidos en facciones, haciendo que el interés nacional evolucionara hacia un objetivo secundario y subordinado, y la causa de sus programas se apoya más en el beneficio del partido o de la facción que en el de la nación.

El clima prevaleciente en el país con el arriba de Andrés Manuel López Obrador, en cierta manera, está condicionado por la circunstancia de que los beneficiarios de los anteriores gobiernos alentaron la posibilidad de que López Obrador se resignaría a admitir que el sistema mexicano también reflejaba aquella mezcla de moderación y demagogia y de educación y engaño del elector, bajo la premisa de que la doble alternancia experimentada con la subida de Vicente Fox (PAN) al gobierno en 2000 y el recambio que entronó a Enrique Peña Nieto (PRI) en el 2012 también contribuiría con un bipartidismo a introducir una mayor estabilidad al sistema, permitiendo identificar a los responsables de decisiones políticas desastrosas y poner un hasta aquí, limitando la natural como inevitable deformación de la voluntad popular.

Lo cual no aconteció, y en cambio, en el recuento de las cuentas sólo queda como registro la decisión deliberada de Enrique Peña Nieto de hacer quebrar al país con una administración en Petróleos Mexicanos que dejó la instalación de tres mil bombas para el robo y la extracción de gasolinas del sistema de ductos de Pemex dispuesto para su distribución, con independencia de los contratos de obra pública otorgados por la administración mediante pagos a precios alzados: (aplicase a la persona que quiere maliciosamente ocultando sus bienes para defraudar a sus acreedores// Dícese del precio o ajuste que se fija en determinada cantidad, a diferencia de los que resultan de una evaluación o cuenta circunstanciada) por cuenta de la nación de servicios, productos e instalaciones realizadas por particulares bajo el esquema de la privatización y firma de contratos de obra pública.

En realidad, la acusación de Acción Nacional sobre los índices de inseguridad y de que en Veracruz gobernado por Cuitláhuac García (Morena) se viola el estado de derecho para fundar en ello su solicitud de desaparición de poderes, refleja el más bajo nivel del debate político nacional, debido a que es el colmo que se aduzca la destitución del Fiscal Jorge Winckler designado por Miguel Ángel Yunes y la mayoría obtenida del PAN, cuando éste tenía como misión realizar las indagatorias sobre el desvío de 32 mil millones de pesos del Fondo de Infraestructura Social para los Estados dispuestos para la realización de otras obras menores no identificadas.

Dentro de esta coyuntura, en que no se advierte justificación alguna del proceder de Diego Dinhue (Guanajuato) y de Javier García Cabeza de Vaca (Tamaulipas) que exhiben el desvelo de una vida monolítica saturada de virreyes y de caciques en la provincia, debe ser motivo de preocupación para el clima de confrontación de ideas y propuestas al que debe estar al pendiente de cuidar Lorenzo Córdova Vianello (Presidente Consejero del Instituto Nacional Electoral). Pues de otra manera, parece que la actitud de Jorge Dinhue y de Javier García Cabeza de Vaca al frente de sus gobiernos actuando contra los senadores de Morena en Guanajuato y Tamaulipas, responde al interés de éstos de combatir a los adversarios de sus regímenes provinciales de organizarse ante el poder que los reúne, en menoscabo de que éstos, piden a la vez, que sus entidades sean el marco de la contienda política.

Para volver, no a los servidores que en la ejecución de la ley proceden atendiendo la opinión media del hombre de la calle, sino a los que tienen por misión aplicar medios técnicos, no puede pasarse por alto que en los contratos de precio a obra alzada por cuenta del país y la gestión negligente, sostiene Jiménez de Asúa que es admisible la participación en los delitos de omisión, toda vez que esa exterioridad procedente, nos lleva a concluir que la omisión no consiste en un simple no hacer, sino en un hacer algo. Aceptada la exterioridad, tendríamos entonces los demás elementos característicos de la participación: un concurso de voluntades encaminadas hacia una común obra delictiva y una convergencia de acciones u omisiones causalmente relevantes.