De acuerdo al Inegi, en la Ciudad de México el comercio informal representa el 56% de la actividad económica comercial y no está obligado a contar con una licencia de uso de suelo, ni licencia de funcionamiento, o dispositivos de protección civil, tampoco paga renta, predial, derechos por servicio de luz y agua, ISR e IVA, no participa a sus empleados de las ganancias, ni les brinda seguridad social o Infonavit, tampoco paga impuesto sobre nómina, aguinaldo, ni primas vacacionales y no está obligado a operar en horarios de funcionamiento que no afecten a la comunidad. "Manga ancha" a la informalidad.

En cambio, sobre el comercio formal opera una red de leyes y organismos, con inspectores, el Invea, la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial (PAOT) que actúa de manera despiadada contra el comercio formal, pero que es obediente y sumisa ante toda actividad de los informales.

Es evidente que el comercio informal seguirá creciendo, pues es catapultado por la corrupción, que le permite invadir banquetas y calles, en contra del resto de los vecinos, pero tiene que pagar "el derecho de piso" que la delincuencia organizada le cobra, así como una cuota permanente a sus líderes. Los comerciantes ambulantes distribuyen mercancía pirata o robada al transporte proveniente de Veracruz, Tampico y de la frontera norte, y la distribución se realiza a ciencia y paciencia de las autoridades federales y locales. Esta modalidad mercantil, que actúa al margen de la ley, se vuelve un predador del comercio formal, que está obligado a cumplir con toda una serie de leyes y reglamentos; es esta desigualdad la que ha provocado el crecimiento de uno y la caída del otro.

Quien quiere abrir un comercio o iniciar un negocio inmobiliario tarda más de un año en obtener permisos y licencias, amén de cumplir con un viacrucis burocrático, se encuentran con autoridades exigentes, rigurosas y despiadadas, las suspensiones y clausuras no se hacen esperar, mientras tanto con las informales "manga ancha" y permisión.

Frente a esta ceguera de las autoridades, en el congreso local se ha presentado una iniciativa Morenista, que pretende regular el trabajo no asalariado (sic), y que de plano con la redacción que contiene, a espaldas de la ciudadanía, acabará entregando la ciudad al comercio informal, es decir a la corrupción de los inspectores, y que incluso ahora, pretende regular el trabajo sexual (sic), y nos obliga a los contribuyentes a entregar gratuitamente a quienes desempeñan este trabajo preservativos y seguros de desempleo en caso de incapacidad.

La mayoría de los miembros del Congreso de esta ciudad no representan los intereses y preocupaciones de los millones de ciudadanos que votaron por ellos, una y otra vez quieren impulsar leyes que perjudican y lastiman a los que trabajan y producen y ellos cuidan y apapachan a los que trasgreden la Ley, pues solamente piensan en negocio y votos.

De continuar con esta ruta, no se requiere ser Nostradamus para vislumbrar la destrucción del poco orden que prevalece en la Ciudad y afectar la salud, la movilidad, la preservación del Centro Histórico y el comercio formal, así como la paz y convivencia, ya que los conflictos frecuentes dejan decenas de muertos y heridos en los enfrentamientos de los cárteles por apoderarse de la ciudad.

El presente y el futuro de la ciudad es lo que está en juego y las autoridades tienen la responsabilidad de impedir la destrucción.