12 años después de que se despenalizara el aborto hasta las 12 semanas de gestación en la Ciudad de México, el Congreso de Oaxaca aprobó el miércoles pasado cambios a su Código Penal y a su Ley de Salud. Después de que se promulgue el Decreto correspondiente, sería la segunda entidad federativa que deja a las mujeres la opción de continuar o interrumpir su embarazo en ejercicio de su libertad de decidir. Se trata de una despenalización porque no es punible (no amerita pena) si se realiza en el tiempo que el Código marca.

Hace algunas semanas, yo no creía factible que en algún Estado de la República se pudiera concretar esta reforma. Honestamente, tenía mis reservas por la fuerza que han cobrado, en todo el país, distintos grupos religiosos con posturas contrarias a la que Oaxaca planteó. Sin embargo, este Estado, de tradición liberal y cuna de liberales, había ya aprobado el matrimonio igualitario semanas antes y presentaba como factible dar este paso en favor de los derechos de las mujeres.

Las circunstancias que se dieron en Oaxaca tienen algunas semejanzas pero también importantes diferencias con el proceso que se dio en la Ciudad de México en el 2007.

De entrada, en los dos casos había una fuerza política con mayoría parlamentaria; pero, la diferencia es que en la Ciudad de México también estaba la voluntad política coincidente del jefe de gobierno y, en Oaxaca, el partido del gobernador, el PRI, votó en contra y aún no he leído un pronunciamiento del Ejecutivo al respecto.

La posición del gobernador es muy importante porque, finalmente, quedará en su esfera la instrumentación de la reforma con las dificultades que Oaxaca tiene, por su sola orografía, para proporcionar los servicios en toda la entidad.

En el caso de la Ciudad de México, el gobierno de izquierda retomó la lucha histórica de las mujeres y les dio cauce. En Oaxaca, las feministas tomaron la causa y la llevaron al Congreso con una medición oportuna de los tiempos políticos. La reacción no tuvo suficiente tiempo para reaccionar.

Entre el 2007 y ahora, en el terreno jurídico ha habido cambios muy relevantes. La propia resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de las reformas de la Ciudad de México es un importante precedente. Lo mismo la argumentación subyacente en algunos otros casos que ha promovido GIRE (Grupo de Información en Reproducción Elegida) ante la Corte. Esto, sumado a las reformas constitucionales del 2011 en materia de Derechos Humanos.

En los más de doce años de la vigencia de la reforma en la Ciudad de México, se ha mostrado la utilidad de la consejería médica en apoyo a la decisión libre de la mujer y también se han roto muchos mitos a partir de estadísticas contundentes respecto de la edad de quienes deciden interrumpir el embarazo, su estado civil, su religión, o su nivel de estudios.

La reforma de Oaxaca va a beneficiar a muchas mujeres de escasos recursos de las zonas urbanas y rurales. Finalmente, son ellas las que mayormente arriesgan la vida con interrupciones clandestinas, ilegales e insalubres. Es importante que, desde lo local, se vayan dando avances paulatinos que obedecen al contexto político de cada entidad federativa. Sin embargo, nuestro federalismo está provocando que las mujeres tengamos derechos diferenciados en función del territorio, lo que no debería suceder.

Qué bueno que en el Congreso de Oaxaca se lograron tejer los consensos necesarios para avanzar en los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres; sin embargo, quiero insistir en que la reforma aprobada por el Congreso deberá ser promulgada por el Ejecutivo Local. La del matrimonio igualitario lleva ya un mes en espera aunque ya corrió el plazo para un posible veto.

La lucha de las mujeres continuará por todo el país, pero no en todos los casos habrá viento a favor para lanzar pañuelos verdes al vuelo.