Aunque la Cámara de Diputados no logró aprobar las leyes secundarias de la reforma educativa en el plazo constitucional fijado (12 de septiembre), debido a manifestaciones, bloqueos y paros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), tenemos confianza en la capacidad de diálogo del magisterio y de los legisladores para promulgar las leyes.

 Para tal propósito se acordó un “pacto de no agresión”, con el fin de superar la historia de engaños de los gobiernos neoliberales y desconfianzas del magisterio nacional desde que Peña Nieto y las cúpulas partidistas del ‘Pacto por México’ impusieron la reforma laboral disfrazada de educativa y leyes contrarias a derechos conquistados por maestros y maestras.

 Lo más importante es que desde el 15 de mayo quedó sin efectos la mal llamada reforma educativa, mediante el Decreto Derogatorio que también abrogó la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, así como todas las disposiciones de la Ley General de Educación que tanto afectaron al servicio educativo.

 El proceso debe seguir con la promulgación de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, para determinar las reglas de ingreso al servicio profesional docente; con la Ley General del Sistema de Mejora Continua de la Educación, para crear el organismo que sustituya al Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE) y, con las reformas a la Ley General de Educación, para establecer las bases del nuevo modelo educativo establecido en el Artículo Tercero Constitucional.

 Dar marcha atrás a la falsa reforma educativa es lo primero que se cumple del Acuerdo-Compromiso para la Transformación de la Educación en México y la Defensa de los Derechos Plenos del Magisterio, firmado el 10 de febrero del 2018 en Zacatecas por Andrés Manuel López Obrador, entonces precandidato de la Coalición Juntos Haremos Historia, el cual hicimos nuestro las maestras y los maestros militantes y simpatizantes del Partido del Trabajo.

 El pueblo de México reclama la verdadera transformación del Sistema Educativo Nacional de una vez por todas.

 Se requiere para ello, ante la crisis de valores y principios que sufre nuestro país, repensar a fondo el papel de la educación, de la escuela, del alumno, del docente, de la autoridad educativa y de la familia para lograr la cobertura de la demanda educativa y la calidad del servicio educativo a través de las nuevas leyes secundarias y de las políticas públicas que sean garantes de una educación obligatoria, universal, inclusiva, pública, equitativa, gratuita y laica, que impulsen el desarrollo humano integral, aminoren la pobreza y las desigualdades y detonen el desarrollo sustentable de las comunidades.

 Si la reforma educativa se elaboró gracias a una amplia consulta popular, con la participación de los actores clave del proceso educativo: maestros y maestras, igual se deben elaborar las leyes secundarias de manera colectiva, plural, transparente y con el consenso de todas y de todos.

 Nuestro reconocimiento por ello a la ciudadanía, al magisterio nacional y, en especial, al Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo por asumir la responsabilidad de reflejar en las leyes secundarias el nuevo paradigma de la educación y el sujeto social que requiere la Cuarta Transformación de la República, tal y como cuando logró establecer la educación inicial (de 0 a 3 años) como obligatoria y gratuita en nuestra Constitución Mexicana, por ser la llave para transformar el desarrollo de la niñez y de la propia sociedad.

 Los ejes rectores propuestos para cada Ley son los siguientes:

 En la Ley General de Educación garantizar el principio de intangibilidad de la dignidad humana para la educación integral y la educación como un derecho humano fundamental y no como un derecho social o la prestación de un servicio.

 En la Ley General del Sistema de Carrera para las Maestras y Maestros restablecer el paradigma histórico del equilibrio entre el patrón y el trabajador por medio de la bilateralidad y recuperar la plaza de base y el pase automático a normalistas, de acuerdo con el Artículo 123 Constitucional, Apartado B.

 En la Ley General del Sistema de Mejora Continua de la Educación establecer el diagnóstico, investigación, sistematización y acción participativa para lograr una educación digna y el principio fundamental de dignificar el acto educativo para lograr la equidad y la justicia social en la educación.