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Opinión Columna


Convenios que suponen la técnica de los contratos


Publicación:12-09-2019
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Pero nada es comparable, con lo que más tiene peso real: cumplir con lo pactado en los contratos y asegurar el abasto de gas a muy buen precio

 

Durante la conferencia presidencial matutina del día de ayer, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que el gobierno llegó a un acuerdo con la empresa de gasoductos Farmaco, la cual ahora aceptó reintegrar todas las sumas de dinero durante el tiempo en que la Comisión Federal de Electricidad no fue abastecida, ni recibió volumen alguno de gas, a pesar de que la administración de la CFE autorizó a Farmaco el cobro de estos servicios sin contraprestación que lo justifique. Fernando Calvillo (Farmaco) aseguró que serán reintegrados al patrimonio de la Comisión Federal de Electricidad 670 millones de dólares, al lado de que ya antes Carlos Slim (Carso) hubiera anunciado devolver de inmediato todo el dinero pagado durante el periodo en que no se suministró gas a la CFE, asegurando Manuel Bartlett, por separado, que Farmaco aceptó devolver lo recibido “sin entrar en discusión alguna”. Al respecto, dijo Andrés Manuel López Obrador que: “…el acuerdo es benéfico en tanto que se evitó ir a tribunales internacionales, se cumplió con los contratos y se aseguró el abasto de gas a buen precio -el más bajo del mundo- por los próximos 20 años”.


Aunque es difícil que pudiera resultar alguna ecuanimidad entre la opinión pública por la aplicación, de parte de los tribunales, de sanciones y algunas medidas severas o ventajosas, como lo serían cláusulas draconianas que establecen pagos onerosos por un servicio que no se da derivado de riesgos ocurridos en casos fortuitos o de fuerza mayor, no hay coyuntura eventual que justifique el cobro y la entrega de precios por un servicio que no se suministra, y menos, cuando se trata de bienes pertenecientes a una nación tenida por presente indebidamente en una operación que le priva de sus derechos por la figura de la representación o de un mandato injustificable. La actitud gubernamental de evitar la coyuntura de tener que someterse a la decisión de tribunales internacionales, en cierta manera evoca la Guerra de los pasteles y la intervención de Inglaterra, España y Francia en México para liquidarse los daños de los ciudadanos que reclamaron su protección, apoyándose en la composición de las fuerzas políticas existentes en México.


Pero nada es comparable, con lo que más tiene peso real: cumplir con lo pactado en los contratos y asegurar el abasto de gas a muy buen precio durante los próximos veinte años, cuando el país se encontraba anegado en la coyuntura estructural de no producir gas, con independencia de que las anteriores administraciones -durante la etapa de la alternancia en el poder- jugaron a su antojo, como si este fuera negocio personal con el Fondo de reservas del Banco de México constituido por las ventas del crudo en el lapso de los precios altos, y el robo de combustibles auspiciado a través de la instalación de cerca de tres mil bombas en todo el sistema de distribución de hidrocarburos, el cual no sólo contó con el beneplácito de la gestión de Pemex y de su sindicato, sino además contó con una política energética que al generar gas contribuía a asfixiar a la Comisión Federal de Electricidad para malbaratarla y dejarla en manos privadas, mediante el truco de pagar el suministro de gas, aunque éste no se diera.


Desde hace tiempo, se ha seguido la estrategia de privatizar la deuda pública para concretar el despojo y la adquisición de recursos públicos por la vía de la privatización y la generación de haberes reclamables, que lo mismo puede surgir de pactos convencionales a sabiendas de que no se puede comprometer por medio de cláusulas leoninas: “Dícese del contrato oneroso en que toda la ventaja o ganancia se atribuye a una de las partes, sin equitativa comunicación entre éstas. La nulidad de esta clase de contratos se basa en el carácter que tienen de ser de ser contrarios a las leyes y la moral (Diccionario de derecho privado. T. 1. Ed. Labor. Contrato Leonino, Barcelona, 1961, p 1209).


Aquí habrá que reconocer que Carso Energy, IEnova y Trans Canadá ya habían llegado a un acuerdo semejante al que el día de ayer se dio a conocer también, por parte de Andrés Manuel López Obrador, Manuel Bartlett Díaz (CFE) y la empresa de gasoductos Farmaco: Fernando Calvillo, sin haberse precisado el momento en que los pagos recibidos por éstas serían reintegrados a la Comisión Federal de Electricidad, y se piensa que por esa razón en el acuerdo, se concedió a las empresas un plazo mayor de diez años, que además les permitirá compensar las reducciones, sin precisar qué tipo de interés se les cobrará por el dinero recibido sin una equitativa conmutación de derechos y cargas entre las partes.


El caso es que, nuevamente, Néstor Moreno Díaz (Ex director de Operaciones de la Comisión Federal de Electricidad) acaba de solicitar un amparo para no ser detenido por el enriquecimiento ilícito de 36 millones 13 mil 379 pesos, sin poder comprobar hasta ahora que este capital lo haya obtenido a través de bienes distintos de sus ingresos. Lo anterior no tiene vuelta de hoja, la rectificación de los contratos de las empresas de gasoductos pudiera parecer que responde al ejercicio de funciones que tienen por objeto dar a conocer sobre la celebración estos contratos leoninos la opinión media de los habitantes de este país o el juicio medio de la calle, tal y como lo expone A. Lawrence Lowell en su obra: La opinión pública y la de un gobierno popular.

Pero, evidentemente, no se trata de una opinión técnica sobre la aplicación de medios técnicos en torno a la celebración del suministro de gas a la Comisión Federal de Electricidad, en los que los funcionarios contrataron por cuenta del país el suministro de servicios no dados. Y esto fundamentalmente debe sancionarse, y hacer que se devuelvan los recursos entregados, por no ser una conmutación de cargas en contra de la Comisión Federal de Electricidad, y devolver sus respectivos intereses.



« Redacción »
Carlos Ponzio


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