Entre más sofisticadas se vuelven las investigaciones periodísticas que descubren el funcionamiento de complejos esquemas de corrupción, más crece el enojo popular al no percibir el mismo aumento en el número y calidad de investigaciones que logren sancionar a los funcionarios que las operan. Uno de los temas centrales de esta administración es el reconocimiento que la impunidad en actos de corrupción refleja un encubrimiento de las instituciones de justicia hacia los funcionarios que lucran con sus puestos para enriquecerse de forma ilícita. Por ello fue de tal trascendencia la primera audiencia a una ex Secretaria de gobierno ligada a la Estafa Maestra, una red de desvío de recursos públicos dada a conocer por una investigación periodística. En este artículo quiero analizar dos elementos clave para combatir la impunidad en los delitos asociados a la corrupción (y para todos los delitos) que estuvieron presentes ayer en la audiencia pública de Rosario Robles en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México: la capacidad de investigación y la capacidad de litigación.

Durante la audiencia del día de ayer se dio a conocer por qué delitos la Fiscalía General de la República pediría la vinculación a proceso de Rosario Robles. Y es que los delitos y las pruebas ofrecidas por la FGR para iniciar el proceso penal son piezas clave para empezar a entender de qué forma se investigarán esquemas de corrupción como la Estafa Maestra. El primer elemento clave es la capacidad de investigación criminal que demuestren los operadores del sistema penal. Para poder armar carpetas de investigación que logren sancionar a funcionarios involucrados en redes de corrupción del nivel de la Estafa Maestra, se requiere de una elevada capacidad analítica y técnica, así como de la coordinación con otros actores y dependencias clave. Como muchos de estos esquemas difícilmente dejan testimonios escritos de su operación, se requiere de testigos que den prueba de la intervención de funcionarios de todos los niveles. Tal y como presentó el caso ayer la FGR, el delito por el que decidió vincular a proceso a la ex Subsecretaria fue el delito de ejercicio indebido del servicio público. Esto significa que la investigación se basará en demostrar que Rosario Robles sabía del desvío de recursos pero no hizo nada, su posible actuación e intervención detrás de esta red de corrupción para configurar un delito de cohecho no fue contemplada por la fiscalía.

Otro de los elementos clave para lograr combatir la impunidad en casos de corrupción es la capacidad de litigación oral de los fiscales al momento de presentarse a una audiencia. Mucha de la desconfianza al SJPA tiene que ver con los altísimos niveles de impunidad (94.6% a nivel federal, según el informe Hallazgos 2018 de México Evalúa) que existen tanto a nivel federal como local, sin embargo, lo que podría parecer un exceso de garantismo hacia los delincuentes puede tener detrás una deficiente argumentación de los casos por parte de los fiscales ante los jueces, lo que termina en una salida procesal para las personas acusadas. En la audiencia de ayer, el juez otorgó un receso ya que la FGR no pudo responder a preguntas relacionadas con las fechas y montos de los convenios en los que basaba su argumentación. Es de humanos errar y olvidarse de fechas y montos exactos, sin embargo una de las acciones centrales de los fiscales consiste en argumentar de la mejor manera sus casos para no dar resquicio alguno a que los mismos terminen en impunidad por elementos procesales.

Además de mostrar un manejo político de la justicia, la enorme impunidad en actos de corrupción refleja las deficiencias en la operación del mismo. Es un motivo de orgullo ver el trabajo que realizan día a día periodistas y organizaciones de la sociedad civil para documentar redes de corrupción (como Animal Político, Tojil y MCCI actores clave para desentrañar la "Estafa Maestra"). Sin embargo, para poder reducir la impunidad requerimos el mismo nivel de investigación y argumentación en los operadores de nuestro sistema de justicia penal.