A pesar de admitir que cometió fallas en la facturación del servicio de gas a miles de usuarios de la zona conurbada de Monterrey, mediante el cobro de tarifas ‘al tanteo’, la compañía española Gas Natural México (después Gas Natural Fenosa y últimamente Naturgy) se mantiene intocable.

Durante casi 20 años ni la Procuraduría de Defensa del Consumidor, ni la Comisión Reguladora de Energía, ni la Secretaría de la Función Pública se han atrevido a sancionar los fraudulentos cobros de la empresa subsidiaria de la transnacional Repsol, llegada en tiempos de Fox y consolidada en el sexenio de Calderón.

Resulta condenable y por demás lamentable que nuestras propias autoridades federales, sean las que de nueva cuenta dejen de lado su función de proteger y defender a millones de usuarios del gas natural para favorecer las ganancias multimillonarias de la gasera ibérica.

En este mismo espacio de El Porvenir, en agosto del 2011, nos ocupamos de las denuncias de los usuarios contra los desmedidos aumentos en las tarifas domésticas -un alza del 810% en el caso de la tarifa de Distribución con Comercialización-, que resultó un artero golpe a la economía familiar y que todavía puede configurarse como un robo maquinado.

Incluso, aún recordamos las movilizaciones de protesta de miles de nuevoleoneses, en junio del 2005, contra los aumentos injustificados en las tarifas de gas, cuando cámaras empresariales, gobierno estatal y sociedad civil lucharon juntos a través del Frente Ciudadano de la Economía Familiar, para exigir modificar las leyes y revocar la concesión a la gasera.

Sin embargo, por falta de justicia y de firmeza de las autoridades contra el ventajoso proceder de la gasera, por tercera vez vuelve a aplicar aumentos tan fraudulentamente como en el 2005 y el 2011.

En el año 2000 la tarifa de Distribución con Comercialización era de $0.36 por metro cúbico, pero en el 2011 la elevó hasta $3.27 por metro cúbico, alza que representó el aumento del 810%, cuando los salarios de los trabajadores subieron entre un 80% y un 90% en ese mismo lapso de once años. En este 2019 aumentó la tarifa a $4.00 por metro cúbico, lo cual representa un incremento de 1,112% con respecto al año 2000, cuando el aumento a los salarios no llega al 150% del 2000 al 2019.

Entre los años 2004 y 2006, la gasera informó que por cambio de la red de tuberías en la zona metropolitana, la Comisión Reguladora de Energía les autorizó el aumento de 60% en la tarifa en el 2004, de 71% en el 2005 y de 26% en el 2006, mas cabe señalar que esta obra la pagaron los usuarios, ya que de $0.36 que costaba el metro cúbico por Distribución con Comercialización en el 2000, para el año 2006 el costo era ya de $1.91 por metro cúbico; es decir, un 430% de aumento.

Entre febrero de 2010 y abril del 2011, la gasera informó que para ampliar su red a Salinas Victoria, Cadereyta y Apodaca, así como por la reparación de tubería dañada por el Huracán “Alex”, el costo de la tarifa sería de $3.27 por metro cúbico; es decir, un aumento del 71.3% respecto año 2006 y de 810% respecto al año 2000. En este caso, las obras también las pagaron los usuarios con los aumentos de 40% en el 2010 y el 14% en el 2011.

Lo más sospechoso es que la Comisión Reguladora de Energía nunca etiquetó dichos aumentos a la tarifa de Distribución con Comercialización, ni estipuló una cláusula para cancelar otras alzas cuando la gasera hubiera recuperado de su inversión por las obras, dejando indexados dichos aumentos hasta la fecha, todo lo cual puede configurarse como un robo maquinado y demostrarse mediante una auditoría especial que son más de diez mil millones de pesos lo que ha cobrado de más a la población, ya que en el 2011 la gasera reportó que tenía un millón 200 mil usuarios, siendo el 57% del Área Metropolitana de Monterrey.

Por ello, son justos los reclamos de más de cuatro mil usuarios por los cobros excesivos que les aplicaron ‘al tanteo’ este año y que provocaron la desfachatez de la gasera de cerrar todos sus centros de atención -excepto el ubicado en Simón Bolívar y Ruiz Cortines-, dizque por entrar a una etapa de transformación en la cual buscan atender las quejas y dudas de los usuarios a través de las redes sociales y que realicen sus pagos en tiendas o bancos sin gastar dinero y tiempo de traslado, lo cual resulta un doble engaño por las pingües comisiones a pagar y porque al final de cuentas se ven obligados a ir al único centro de atención, ya que por más que llaman no les contestan.