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Autorizan nueva investigaci贸n contra Temer

Otra investigaci贸nOtra investigaci贸n

Publicacion:13-09-2017

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Temer y el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, excolaborador, ser谩n investigados por un supuesto fraude y lavado de dinero

Río de Janeiro, Brasil.-Uno de los 11 jueces del Supremo Tribunal de Brasil (STF) autorizó abrir una investigación contra el presidente Michel Temer por un supuesto nuevo caso de corrupción, esta vez vinculado a las concesiones en el puerto de Santos. 

El magistrado Luis Roberto Barroso autorizó que Temer y el exdiputado Rodrigo Rocha Loures, excolaborador del presidente, sean investigados por un supuesto fraude y lavado de dinero en la creación de un decreto, que habría beneficiado a la empresa Rodrimar, de empresarios cercanos al mandatario.

“Los elementos revelan que Rodrigo Rocha Loures, hombre sabidamente de la confianza del presidente de la República, menciona personas que podrían ser intermediarias de pagos ilícitos para el propio presidente”, dijo el juez.

El pedido de investigación a la Corte Suprema fue realizado por la fiscalía general de Brasil, pues en casos de un presidente en ejercicio debe ser la mayor instancia judicial que dé su aval para investigar.

El 26 de junio la fiscalía general de Brasil ya había denunciado a Temer luego que Rocha Loures recibiera en marzo -todavía en el cargo de diputado- medio millón de reales (unos 156 mil dólares) procedentes del grupo brasileño J&F, supuestamente para el mandatario, en una transacción ilícita que fue monitoreada y grabada por la policía.

Sin embargo, el plenario del Congreso brasileño –que debe dar su aval para procesar al jefe del Estado y donde Temer tiene sólidos apoyos políticos- rechazó a inicios de agosto que la demanda siguiera su curso.

Desde hace semanas hay versiones en Brasil de que el fiscal general Rodrigo Janot presentará una nueva denuncia contra el presidente por obstrucción judicial y asociación ilícita antes de dejar el cargo la próxima semana, lo que obligaría a Temer a medir de nuevo sus fuerzas en el Congreso para evitar que sea imputado y, de esta forma, apartado del poder por 180 días.

 



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