Legal


Analizan leyes fiscales


Publicacion:07-09-2017

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El jurista Alberto Álvarez Flores vio lo que son las constancias de nómina por depósitos electrónicos.

Para ver el desarrollo del derecho fiscal, el jurista Alberto Álvarez Flores vio lo que son las  constancias de nómina por depósitos electrónicos donde aún cuando las constancias de nómina salarial mediante depósito electrónico no contengan la firma del trabajador, tienen valor probatorio para considerar que corresponden al pago de salarios y sirven como comprobantes de éstos.

Lo anterior, bajo la consideración de que las cantidades que aparecen en aquéllas coinciden con las que constan en estados de cuenta bancarios, y si en ellos se detallan los depósitos realizados por el patrón en la cuenta del trabajador bajo el concepto ‘pago por nómina’ u otro similar, tiene cierta periodicidad y aparece el nombre de la institución bancaria emisora.

Y es que la Tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en noviembre de 2016 revela que  el salario. las constancias de nómina mediante depósitos electrónicos, aunque no contengan la firma del trabajador, tienen valor probatorio como comprobantes del pago de aquél, si las cantidades consignadas en ellas coinciden con las que aparecen en los estados de cuenta bancarios bajo el concepto ‘pago por nómina’ u otro similar.

“Aun cuando las constancias de nómina salarial mediante depósito electrónico no contengan la firma del trabajador, tienen valor probatorio para considerar que corresponden al pago de salarios y sirven como comprobantes de éstos, si las cantidades que aparecen en aquéllas coinciden con las que constan en estados de cuenta bancarios, si en ellos se detallan los depósitos realizados por el patrón en la cuenta del trabajador bajo el concepto ‘pago por nómina’ u otro similar, tiene cierta periodicidad y aparece el nombre de la institución bancaria emisora”.

Dicho ello el Amparo directo 10266/2007. Rebeca Sánchez Ordóñez. 29 de noviembre de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Elia Adriana Bazán Castañeda. Amparo directo 832/2015. Arturo Ramírez Abraham. 29 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Genaro Rivera. Secretaria: Ana Isabel Galindo Narváez.

Amparo directo 664/2016. KW Entertainment, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: Miguel Barrios Flores. Amparo directo 665/2016. Servicios Vidarsa, S.A. de C.V. 6 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Alberto González Álvarez. Secretario: Miguel Barrios Flores.

Además el Amparo directo 675/2016. 12 de septiembre de 2016. Unanimidad de votos. }

Además en sus charla dijo que hay situaciones como la prueba pericial contable en el amparo donde  es improcedente

“Este Tribunal estableció en jurisprudencia que resulta ilegal el ofrecimiento de la prueba pericial contable por parte de la autoridad fiscal en el juicio de amparo, pues se vulnera el artículo 16 constitucional al permitir irrumpir en la contabilidad de la parte quejosa para su desahogo como si se estuviera ejerciendo una facultad de comprobación, pero sin cumplir con los requisitos legales que regulan dicha facultad del Estado”.

“Por tanto, esa determinación debe aplicar, por igualdad de razón, en el caso que en el juicio de amparo la prueba sea ofrecida por la parte quejosa, pues si su objetivo tiende a desvirtuar observaciones dadas a conocer por la autoridad fiscal cuando aún participa el quejoso dentro del procedimiento de fiscalización, sin duda, desnaturalizaría el objeto del juicio de amparo, pues al admitirla provocaría que el Juez se sustituya en las facultades con las que fue dotada la autoridad fiscal”.

Por tanto, el desechamiento de la prueba en el amparo no deja en estado de indefensión a la oferente, ya que conforme al CFF, la quejosa debe acudir en forma previa ante la autoridad fiscalizadora a ofrecer los medios de prueba que prevé la ley fiscal para confrontar los hechos y desvirtuar las imputaciones fiscales observadas por la autoridad en el procedimiento fiscalizador.

Y es que en la Tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito publicada en noviembre de 2016.

“Prueba pericial contable en el amparo. es improcedente si el objetivo tiende a desvirtuar las observaciones dadas a conocer por la autoridad fiscal dentro del procedimiento administrativo en el que aún participa el quejoso. este tribunal en la jurisprudencia de rubro ‘prueba pericial contable en el amparo. vulnera el artículo 16 de la constitución federal, si su desahogo implica que la autoridad irrumpa en la contabilidad del quejoso, sin que medie el procedimiento administrativo previsto en las leyes fiscales”’

Legalmente se hace  visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, diciembre de 2013, Tomo II, página 980, estableció que resulta ilegal el ofrecimiento de la prueba pericial contable por parte de la autoridad fiscal en el juicio de amparo, pues se vulnera el artículo 16 constitucional al permitir irrumpir en la contabilidad de la parte quejosa para su desahogo como si se estuviera ejerciendo una facultad de comprobación, pero sin cumplir con los requisitos legales ni constitucionales que regulan dicha facultad del Estado.

Por tanto, esa determinación debe aplicar, por igualdad de razón, en el caso que en el juicio de amparo la prueba sea ofrecida por la parte quejosa, pues si su objetivo tiende a desvirtuar observaciones dadas a conocer por la autoridad fiscal cuando aún participa el quejoso dentro del procedimiento de fiscalización, sin duda, desnaturalizaría el objeto del juicio de amparo, pues al admitirla y desahogarla, provocaría que el Juez se sustituya en las facultades con las que fue dotada la autoridad fiscal para la vigilancia de los causantes en el cumplimiento de las contribuciones necesarias para sufragar el gasto público que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal.

“Por tanto, el desechamiento de la prueba en el amparo no deja en estado de indefensión a la oferente, ya que conforme al contenido del artículo 48, fracciones IV y VI del Código Fiscal de la Federación, la quejosa debe acudir en forma previa ante la autoridad fiscalizadora a ofrecer los medios de prueba que prevé la ley fiscal para confrontar los hechos y desvirtuar las imputaciones fiscales observadas por la autoridad en el procedimiento fiscalizador”.

Así es que a través de la Miscelánea Fiscal 2017 se difiere la aplicación.

La reforma al Artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación (CFF) para 2017 consiste en la adición de un par de párrafos para establecer que los comprobantes fiscales digitales por Internet (CFDI) sólo podrán cancelarse cuando la persona a favor de quien se expidan acepte su cancelación.

Para estos efectos, el SAT establecerá los medios en los que se deberá manifestar la aceptación.

Mediante artículos transitorios del CFF se indica que esta disposición entra en vigor el 1 de mayo de 2017.

“Ahora bien, con fecha 23 de diciembre de 2016 se publica en el Diario Oficial de la Federación la Resolución Miscelánea Fiscal para 2017, a través de la cual, en su transitorio Trigésimo Sexto, establece una prórroga adicional de dos meses, indicando que estas disposiciones serán aplicables a partir del 1 de julio de 2017”.

“La disposición establece, a la letra: “Para los efectos del artículo 29-A, cuarto y quinto párrafos del CFF y Artículo Sexto, fracción I de las Disposiciones Transitorias del CFF publicado en el DOF el 30 de noviembre de 2016, en relación con las reglas 2.7.1.38. y 2.7.1.39., serán aplicables a partir del 1 de julio de 2017”.

Por tanto, los contribuyentes cuentan con un plazo de aproximadamente seis meses para realizar los ajustes en sus sistemas y, sobre todo, a sus procesos administrativos, para estar en condiciones de aplicar estas nuevas obligaciones.

 

 

 



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