En más de un sentido, la educativa es la reforma pendiente. Lo es históricamente, porque existe una grave deuda del Estado con la educación, deuda alimentada durante el largo período neoliberal. Durante más de 30 años los gobiernos abandonaron la instrucción pública. Redujeron los presupuestos, dejaron los planteles hechos ruinas en numerosas regiones, minimizaron los sueldos de los docentes, cerraron las puertas de las universidades a los jóvenes, vaciaron los contenidos de la educación secundaria de civismo e historia, privatizaron amplias franjas de la enseñanza preescolar y superior, permitieron la entrada del bullying a los planteles y el imperio de los alimentos chatarra en los mismos; en fin, abandonaron la educación pública.

En el año 1993 se realizó una reforma constitucional que hizo obligatoria la secundaria pero diluyó la responsabilidad pública con el nivel superior. En el año 2010 hubo una reforma constitucional que rescató la obligación del Estado con la educación media superior, pero que volvió a olvidar la superior. Así, en el año 2012, apenas unos días después de que iniciara el nuevo sexenio, se realizó una nueva reforma a la Constitución: la llamada reforma educativa. O mejor aún, de la mal llamada reforma educativa. Ésta elevó al plano constitucional a un órgano encargado de evaluar y sancionar a los maestros. Y vinculó la permanencia en el empleo con los resultados de la evaluación. Es decir, sacralizó la llamada evaluación punitiva. Carecía de contenido pedagógico. Era laboral y administrativa. Los maestros perdían estabilidad laboral para ser sometidos al temor de perder el empleo.

La reforma no tuvo éxito. Maestros de las más variadas corrientes políticas e ideológicas la rechazaron. La cuestionaron en las calles y en las aulas. Así, sin los maestros, contra los maestros, la transformación educativa no podía prosperar. Con el cambio político del 2018 se habló mucho de derogar o cancelar la mal llamada reforma educativa. Y más aún, se habló de una nueva reforma. Poco después del 1o de julio del 2018 comenzaron los foros de consulta y los debates hasta que finalmente el nuevo Ejecutivo Federal tenía lista su iniciativa legislativa. Se trataba ahora de, en un solo acto, derogar la reforma anterior y aprobar una nueva reforma educativa.

La Secretaría de Educación Pública hizo una importante labor de consulta. Y la Cámara de Diputados la complementó con sus Parlamentos Abiertos y sus diálogos bilaterales con interlocutores precisos del sector educativo. El resultado ha sido virtuoso: la reforma aprobada por la Cámara de Diputados consagra armónicamente dos importantes derechos humanos: el Derecho al Trabajo y el Derecho a la Educación, el derecho al trabajo de los maestros y el derecho a una educación de calidad de niñas, niños y adolescentes.

La reforma aprobada en San Lázaro elimina la evaluación punitiva, deroga el vínculo entre evaluación y permanencia en el empleo, sustituye la evaluación para la sanción por una para el diagnóstico y la planeación, transforma al órgano evaluador en uno formador y por fin reconoce la responsabilidad del Estado en la impartición directa de la educación superior. Además, incorpora la educación inicial, la educación plurilingüe y fortalece los conceptos de gratuidad y laicidad. Sin embargo, el Senado de la República no terminó la tarea. Aprobó la reforma en lo general, pero la dejó con muchos huecos en lo particular. Por ello, es muy saludable que se hable de convocar a un periodo extraordinario de sesiones para culminar su aprobación. La reforma educativa es un pendiente que debe resolverse ya, por el bien de la infancia, de la juventud y del magisterio.