En las últimas dos décadas, la seguridad pública se convirtió en un tema prioritario en la agenda nacional. Los sexenios anteriores pusieron en práctica diversas estrategias para enfrentar la crisis de seguridad, que resultaron fallidas y onerosas para la sociedad, no solamente desde la perspectiva económica sino para nuestro tejido comunitario. En particular, el enfoque de la lucha contra el narcotráfico en una guerra contra las cabezas de los cárteles convirtió el fenómeno en una tarea que multiplicó la violencia.

El Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 del presidente Andrés Manuel López Obrador, se está diseñando para reorientar el papel de las Fuerzas Armadas y la creación de una Guardia Nacional que pueda hacer frente al fenómeno, pero desde una perspectiva diferente. Por ello, el Gobierno de México tiene el empeño de llevar a cabo las mejores prácticas internacionales para garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos en la operación de esta nueva fuerza.

En este tenor, y atendiendo al mandato del Presidente de asegurar que habrá seguridad pública con respeto irrestricto a los derechos humanos, la Cancillería ha venido trabajando con la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Sra. Michelle Bachelet, en un acuerdo de apoyo, asistencia técnica y supervisión de la formación de la Guardia Nacional, que busca no sólo garantizar los más altos estándares internacionales en la formación y operación de la Guardia Nacional, sino la reconstrucción de la paz como un legítimo reclamo de la sociedad.

De este modo, el Acuerdo que firmó el canciller Ebrard esta semana con la Alta Comisionada establece tres ejes de colaboración: el primero es proveer asesoría técnica en protocolos, sobre todo aquellos dedicados a atender las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad, como niñas, niños, adolescentes, mujeres e indígenas; el segundo eje refuerza el acompañamiento en la formación de los elementos de la Guardia Nacional con una perspectiva de derechos humanos. Por último, en un afán de contar con medidas de monitoreo, el tercer eje contempla la recepción de recomendaciones que permitan al Estado mexicano construir capacidades institucionales para evitar posibles violaciones a los derechos humanos.

La firma de este Acuerdo demuestra un fuerte compromiso del gobierno mexicano con el régimen internacional de derechos humanos, la paz y la seguridad. Además, afianza nuestros vínculos de cooperación, pues nuestra convicción es que el trabajo conjunto con las Naciones Unidas, y en particular con la Alta Comisionada, nos permitirá tejer redes transversales de aprendizaje y retroalimentación entre las instancias gubernamentales, la sociedad civil, las comisiones de derechos humanos locales, nacionales e internacionales, y actores globales expertos en la construcción de instituciones sólidas, participativas y garantes de los derechos y libertades fundamentales de todas y todos.