“No va a aumentar la tarifa”, dijo apresurado el presidente de la Republica, Andrés Manuel López Obrador a su vieja conocida, la activista Rocío Montalvo, cuando le expuso que varias organizaciones ciudadanas tienen un mes en el plantón frente a Palacio de Gobierno, soportando las inclemencias del tiempo, como una medida de presión para impedir que el gobernador del Estado autorice un aumento a la tarifa del pasaje del transporte urbano, como lo ha señalado en varias ocasiones.

Escuchó no sin prisa los planteamientos de Montalvo acerca de reducir el IEPS, el ISR, y facilidades en gestiones ante Nacional Financiera para la adquisición de insumos y unidades nuevas en beneficio de los concesionarios del transporte, como una opción para que no aumenten la tarifa del transporte urbano y no retiren rutas de circulación, perjudicando a un millón y medio de usuarios diarios.

En su visita a Nuevo León, AMLO mostró diferentes expresiones que dan a conocer su apreciación sobre la conducción política del estado a manos de Jaime Rodríguez Calderón: honda preocupación al tratar el tema de seguridad, feliz al inaugurar el salón de la fama del beisbol y sorprendido cuando el gobernador dijo que había estado gestionando alternativas ante las secretaría de Energía y Hacienda para ayudar a los transportistas y así evitar que se aumente la tarifa, acciones que el mandatario desconocía.

El gobernador ha sido un tanto elusivo en relación con el problema, dado que unas veces dice que sí autorizará el aumento “no sé cuánto, pero sí aumentará”, y otras veces lo ha negado. Dicha actitud mantiene inconformes tanto a los empresarios como a los activistas sociales. Y al parecer, el Presidente de la República sí tomó una decisión y se inclinó porque no aumentara el precio del pasaje. Lo cierto es que el problema ha crecido porque no se llega a una solución que no sea el aumento a la tarifa, cuestión que siempre esgrimen los empresarios ante la falta de creatividad para corregir el problema.

Eso significa que estudiará la situación, que desconoce sobre el tema, y procurará que no se afecte la economía, ya afectada, de los usuarios, mayormente trabajadores, estudiantes y personas de la tercera edad, mujeres. Sin embargo, el gobernador no ha firmado el decreto en el cual se señala bajo el imperio de la ley que no aumentará la tarifa. Eso es lo importante, porque el gobernador como dice una cosa dice la otra.

Mientras tanto, varios agentes políticos han externado posiciones claras al respecto: diputados, dirigentes de partidos políticos, especialistas en la materia, activistas, ingenieros, empresarios. El PAN acertó: “Se les podría quitar concesiones, poner en orden la Agencia Estatal del Transporte y hacer un proyecto de movilidad”.

También el PRI: “Si los empresarios retiran las 13 rutas que dicen es la oportunidad para entregar concesiones a empresarios que sí quieran dar un mejor servicio, a menor costo y con mayor seguridad”.

Quizá es coyuntural la posición de estos partidos, pero es la verdad. Y es el reflejo de la indecisión del gobernador, amparado en alguna jugarreta política acorde con su vocación de líder campesino oficial, que no firma el acuerdo, ni dice ni sí ni no, sino todo lo contrario.