La pérdida de soberanía es uno de los resultados de la imposición del modelo neoliberal que rige el capitalismo depredador de derechos sociales en nuestro país y en el mundo. Para México, con la firma del TLCAN y el ingreso a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, se definió la subordinación de las decisiones de política pública del Estado Mexicano a los designios del gran capital financiero transnacional.

Pertenecer a la OCDE ha sido muy caro para México, no sólo por el monto de la membresía anual (en 2017 la cifra ascendió a 10,472 millones de euros, que al tipo de cambio actual representan 225 millones 148 mil pesos), más el pago por los estudios y convenios específicos que pacta México con ese organismo, por ejemplo los realizados para el diseño e instrumentación de la mal llamada Reforma Educativa durante el sexenio pasado.

La OCDE en realidad funciona como una empresa transnacional; "define las políticas públicas en actividades estratégicas y no estratégicas, tales como la salud, el trabajo, las telecomunicaciones, las finanzas, la energía y por supuesto, la educación" (Miriam Hernández, nov. 2013).

Es la organización responsable de aplicar en 80 países la prueba PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes), instrumento privilegiado de un proceso neocolonizador para clasificar sistemas educativos. El diseño y procesamiento de este año fue concesionado por la OCDE a la transnacional Pearson. Existe una campaña de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública —Méx, USA, Canadá—, para exigir cese la aplicación de este examen estandarizado, excluyente y discriminatorio.

No olvidar que la OCDE fue la gran dictadora de los cambios constitucionales de la mal llamada Reforma Educativa. Esto es importante, porque en días recientes Ángel Gurría, secretario General de la OCDE —con salario anual de 4 millones 690 mil 160 pesos— se hizo presente ante el secretario de Educación, Esteban Moctezuma, para dar sus recomendaciones y presuroso, sin ruborizarse siquiera por su responsabilidad en una reforma fallida, ofreció los servicios de su lucrativa empresa.

Colocando ahora como el centro de sus recomendaciones, otra vez, la importancia de la participación empresarial en el diseño de la nueva Reforma educativa y específicamente para educación superior propone: alinear la educación superior al mercado laboral, hacer obligatorias las certificaciones para acreditación de las carreras universitarias, continuar destinando recursos públicos para fortalecer a las empresas, establecer una ley de educación superior para garantizar la instrumentación de estas propuestas.

Afortunadamente, el gobierno del presidente AMLO, atendiendo a los reclamos de maestros democráticos y académicos universitarios, decidió enviar un decreto a la Cámara de Diputados con la iniciativa para la cancelación de la reforma constitucional y la abrogación de las leyes que daban autonomía al INEE y creaban el Servicio Profesional Docente. La ruta parlamentaria iniciará en febrero y sólo la vigilancia social de las propuestas y la acción fundada del magisterio democrático y académicos universitarios, garantizará que no se repitan los planteamientos privatizadores. Esperamos que el gobierno atienda el reclamo de la rescisión de los contratos con la OCDE y de no más pagos a los organismos internacionales que determinan las políticas neoliberales de despojo y revalore a maestros y catedráticos universitarios para la elaboración de las propuestas de transformación.