En momentos de transformación social siempre es conveniente considerar las lecciones de la historia con el fin de tomar sus mejores ejemplos para nuestro porvenir como sociedad. Don Benito Juárez era un defensor a ultranza de la Constitución; su comportamiento siempre estuvo amparado en el texto fundamental. Incluso en los momentos más convulsos apegó sus decisiones con fundamento en la Constitución de 1857, como cuando solicitó autorización al Congreso de la Unión para suspender las garantías, asumir facultades extraordinarias y celebrar tratados.

Si las circunstancias extraordinarias del país lo llevaron a gobernar al límite de la constitucionalidad, el proyecto de nación que enarboló siempre tomó a la Carta Magna como símbolo. No es menor que el Benemérito de las Américas nunca haya dado un golpe de Estado o haya quebrantado el orden constitucional. Algunos historiadores lo han calificado como la cumbre de la política mexicana del siglo XIX: Juárez encarna a un estadista, uno de los mejores hombres de leyes que nuestro país ha dado.

Abogado de profesión, Juárez lo fue casi todo en el servicio público: Regidor de Ayuntamiento, Diputado local, Magistrado interino de la Corte de Justicia de Oaxaca, Juez, Fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, Diputado federal, Gobernador de Oaxaca, Ministro de Justicia e Instrucción Pública, Ministro de Gobernación, Presidente de la Suprema Corte de Justicia y, finalmente, Presidente de la República.

En todos sus encargos públicos, ni pocos ni menores, Juárez, a diferencia de los políticos de la época, se condujo apoyado en las leyes y no en las bayonetas, en la razón y no en la violencia. Virtud mayor, en un siglo de caudillos, un hombre de leyes gobernó México.

Reconocido también por su sensibilidad política, Juárez fue un hombre de firmes convicciones e ideas sobresalientes. Su pensamiento liberal fue consistente con su actuar. Comprometido con la libertad y la igualdad, Juárez puso todo su empeño para que fueran estos valores los que guiaran en todo momento a la República. El mejor ejemplo de ello fue la publicación de la Ley General de Administración de Justicia, mejor conocida como Ley Juárez, que en noviembre de 1855 extinguió los tribunales especiales, así como los fueros de los que gozaban los clérigos y los militares en materia de justicia. Pese a que esta legislación fue fustigada ampliamente por los intereses afectados, lo único que buscaba era hacer efectiva la igualdad ante la ley, es decir, la igualdad social, sin la cual ninguna democracia puede existir.

Como juristas vale la pena destacar que el mayor anhelo de Juárez fue establecer un verdadero Estado de Derecho a través del principio de legalidad, según el cual todo acto del poder público debe sujetarse a la ley, que es la más legítima manifestación de la voluntad popular. Para ello, era necesario asentar primero la autoridad del Estado, la autoridad civil por encima de los poderes de la oligarquía militar, del clero y de las potencias extranjeras. Anhelo que Juárez y la generación de liberales del siglo XIX consiguieron con éxito.

Nuestra democracia no se entendería sin el legado juarista. Las leyes e instituciones políticas de hoy consagran los principios liberales cultivados por toda una generación. No obstante, es necesario comprometernos con ese legado para que siga vigente.

El valor superior de un servidor público es sujetar sus intereses al imperio de ley. Con nuestro actuar cotidiano debemos honrarla. Sólo así, como señalaba Juárez, nuestra respetabilidad como servidores públicos vendrá de la ley y de un recto proceder.

Honremos a quien el 18 de julio de 1872 murió en sus habitaciones de Palacio Nacional: Benito Pablo Juárez García.