La idea de que los gobiernos se constituyen con el consentimiento de los gobernados es tan antigua como el pensamiento ordenado de los antiguos filósofos griegos, y en particular de Polibio, quien proclama que la mejor Constitución es la romana por guardar un equilibrio económico y social de todas las clases existentes en la sociedad. Pero no es sino hasta que, de acuerdo con John Locke, las pesadas cargas impuestas a la aristocracia para financiar en beneficio de la monarquía la guerra contra Francia, llevaron a Inglaterra a perder sus territorios, y por su parte, Adam Smith sostuvo que para mantener el aparato del Estado, los súbditos debían contribuir al sostenimiento del Gobierno con la contribución más próxima a la proporción de sus capacidades e ingresos, que disfrutan al amparo y bajo la protección del Estado.

Al iniciarse la gestión del gobierno de López Obrador (2018-2024), tras el anuncio de las decisiones ejecutivas de la creación de la Comisión de la Verdad y la Justicia para corregir la irresponsabilidad del amasiato de los que compartieron el poder durante el gobierno de Peña Nieto (2012-18) que culminó con la desaparición de 43 alumnos de la Normal de Ayotzinapa, y la formalización del inicio de las promesas de campaña relativas a la construcción del ferrocarril maya y el boom turístico del Sureste que sacará a la zona del subdesarrollo que tiene a esta población sometida a la explotación cuya estructura alienta la pobreza y la ha alejado del bienestar, y el anuncio de la perforación de 73 pozos marinos y 44 en tierra, más la exploración de 20 campos descubiertos que permitan incrementar la producción petrolera de un millón 750 mil barriles diarios a 2 millones 400 mil barriles de crudo, bajo la supervisión de ingeniería de Petróleos Mexicanos, dejando la responsabilidad a las empresas invitadas. Y, después de estos anuncios, Carlos Urzúa (SHCP) presentó ante el Legislativo la iniciativa de la Ley de Ingresos y Presupuesto de gastos, asegurando que no se proponen nuevas tasas de impuestos a las existentes, haciendo depender las perspectivas de crecimiento conservador hasta el dos por ciento anual -no de lo que se pretende- sino de los gastos de austeridad que elimina lo superfluo.

No puede ser de otra manera, porque si por más de treinta años el concepto económico de la inversión dejó de tener un significado fiduciario, cuyo valor se hacía depender de la confianza pública en el valor del dinero creado y regulado por el gobierno, para ser sustituida el concepto de que la inversión es un acto paralelo del ahorro privado de las empresas particulares; esto dejó de ser un principio en la economía que los gobiernos anteriores: desde Miguel de la Madrid (1982-88), pasando por la economía de los espejitos por la que nos hizo pasar Carlos Salinas de Gortari (1988-94) a cambio de la privatización de los negocios públicos, continuada luego por Ernesto Zedillo (1994-2000) bajo el patrocinio del PRI, hasta que la alternancia que supuso el ascenso de Vicente Fox y Felipe Calderón al gobierno por parte de Acción Nacional y el recambio sucesivo al PRI con la subida de Enrique Peña Nieto y el ascenso del grupo Atlacomulco, debido a que durante todo este tiempo la no hubo inversión privada en los procesos de privatización y en cambio el costo del gobierno, que fue financiado con mayor deuda para ser liquidada por las futuras generaciones, además sirvió para darle refugio a los grupos desplazados de la iniciativa privada durante toda la contracción económica impuesta por los gobiernos, desde la renovación moral.

En realidad, los gobiernos de corte conservador son propensos a estabilizar los desequilibrios imponiendo medidas restrictivas al bienestar de la mayoría, cosa que practicaron los gobiernos citados en proporción inversa al acceso de los desplazados de la iniciativa privada a los cuadros del gobierno y de lo que el mejor ejemplo se encuentra en el costo del poder judicial en ascenso, sin que por ello los elevados sueldos y el aumento de su burocracia haya servido para reducir el número de conflictos judiciales, cuyo volumen in crecendo refleja un profundo y peligroso proceso de descomposición social, económica y política del país, que deja escapar la desconfianza, por parte del pueblo, en el poder Judicial, sin detenerse siquiera en lo que Club Jean Moulin define: el poder judicial ”…se transformó en un simple servicio público; el principio de la separación de los poderes se convirtió en una simple norma de reparto de competencias, y si se afirmaba la existencia de un poder judicial, será solamente para resolver un problema de personal y justificar la regla de la inamovilidad, considerada como garantía de de la independencia de los jueces” ( El Estado y el ciudadano. Primera Parte: Apertura de las oligarquías, cap. V El poder judicial y el Estado).

Desde luego, Carlos Urzúa significa en el gobierno el profesionalismo y el prestigio de la responsabilidad de las cuentas claras dispuesto siempre a cumplir con la honradez y la honorabilidad que impone la academia. Sorteó hasta ahora sin sobresaltos la cuestión de los bonos emitidos por el gobierno de Enrique Peña Nieto para financiar la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para evitar la desconfianza en la presunción de ilegitimidad que supone el apresuramiento de esta decisión, sin contar la ausencia de la visión de que el gobierno ya no contaba con la aprobación del 53 por ciento de los electores que sufragaron a favor la propuesta de López Obrador y de que en el equilibrio de Carlos Urzúa palpita latente la concepción de que por violenta que sea la fiscalización y la recaudación -no contemplada en el paquete económico- es una apropiación legal que beneficia a los destinatarios y no un robo.