Educación y salud son derechos fundamentales de los mexicanos, cuyo incumplimiento por parte de nuestros gobiernos es sistemático, a pesar de que los presidentes en turno siempre declaran que son asuntos prioritarios.

Para poder garantizar el derecho constitucional a la educación, desde el 2002 se estableció en el Artículo 25 de la Ley General de Educación que la inversión que se destine al rubro educativo no podrá ser menor del 8 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto). Sin embargo, dicho mandato no se ha cumplido. En promedio, el gasto público anual ha sido del 4.9 por ciento, siendo una sistemática violación a la Ley en las últimas tres administraciones, lo cual impacta en el derecho de todo individuo a recibir educación, en garantizar la formación para los futuros docentes, en ampliar la infraestructura básica educativa y en llevar a cabo los planes y programas de estudio.

Igual sucede con el derecho a la protección de la salud que toda persona tiene constitucionalmente en México, ya que nuestro país apenas invierte en salud el 2.7 por ciento del PIB cada año, ubicándose en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que en promedio destinan el 6.6 por ciento, cuando Japón, Alemania y Suecia asignan más del 9 por ciento.

El incumplimiento presupuestal impacta en el acceso a los servicios de salud y en sistemas de salud deficientes, al grado que la falta de acceso y la mala atención médica -según una investigación británica hecha en 137 países- mata cada año a cinco millones de personas; es decir, mueren más personas cuando los servicios de salud son deficientes, sea por clínicas y hospitales mal equipados o por médicos mal preparados que por no acudir al doctor.

La esperanza es que el gobierno de AMLO concrete la universalización de la salud y garantice el acceso a los servicios médicos en forma gratuita para toda la población, independientemente de si tienen afiliación o no.

El contexto anterior nos sirve para enmarcar la lucha que el magisterio está dando en Nuevo León -cabe añadir que la Constitución establece la concurrencia entre Federación y Estados en materia de salud-, para que se cumpla un derecho que forma parte de la seguridad social de los trabajadores al servicio de la educación y de sus familias.

Mediante un Convenio de Subrogación celebrado entre el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León (ISSSTELEÓN) y la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), desde hace 32 años se prestan servicios médicos al magisterio en la Clínica Hospital de la Sección 50 del SNTE, en cuyas instalaciones actualmente se atiende la salud de 66 mil derechohabientes.

Son servicios ofrecidos a través de módulos de consulta externa (primer nivel de atención), de la clínica-hospital (segundo nivel) y de un centro de especialidades médicas (tercer nivel), gracias a las cuotas quincenales de los trabajadores activos (4.5 por ciento del salario base de cotización), de los jubilados y pensionados (6.0 por ciento de la pensión mensual) y de la aportación del Gobierno del Estado (5.5 por ciento del salario base de cotización) al Seguro de Enfermedades y Maternidad del Instituto.

Lo grave es que los servicios médicos están en plena crisis debido a que los ingresos son menores que los egresos, registrándose un déficit de 25 millones de pesos mensuales, cifra que acumulada asciende a un monto anual de 303 millones de pesos, cuya consecuencia son la falta de medicamentos, de insumos hospitalarios y de mantenimiento, así como el aplazamiento de cirugías y el deterioro de la infraestructura hospitalaria.

A dicha causa determinante del déficit financiero se debe agregar el cambio estructural en la composición de los derechohabientes (estancamiento de trabajadores activos y crecimiento de jubilados y pensionados), la exención del pago de cuotas a jubilados bajo el régimen individual de AFORE, la falta de apoyos extraordinarios por parte del Gobierno del Estado desde hace seis años y la errática y deficiente administración de los recursos asignados.

Urge superar las penurias del servicio médico del magisterio y hacer valer el derecho a la salud. El compromiso es de todos los involucrados y una buena señal es la remodelación de la Clínica, la iniciativa de reforma a la Ley ISSSTELEÓN y al Convenio de Subrogación, así como la asignación de partidas extraordinarias por parte del Congreso del Estado y, sobre todo, de la administración honesta y profesional de los recursos financieros y médicos.