El Poder Judicial está de moda en Estados Unidos y lo estará en México. Allá debido al nombramiento de Brett Kavanaugh, el próximo juez asociado (ministro) de la Suprema Corte, que agravó el encono político imperante. Acá, en razón de las dos vacantes que dejarán los ministros José Ramón Cossío y Margarita Luna Ramos, así como por la decisión que habrá de tomar el Tribunal, para designar al próximo presidente los siguientes cuatro años.

El nombramiento de Kavanaugh ocupará un capítulo en la historia judicial y en las efemérides estadounidenses. En la regla de las compensaciones, su designación afianzará por décadas la agenda conservadora, pero puede ser paradójicamente el detonador de la victoria liberal, si los demócratas recuperan el Congreso en noviembre. Puede significar el impeachment del presidente, del mismo juez recién confirmado y el derrumbe de los sueños de reelección.
En México no hay debate ideológico sino de procedencia. Tanto la ocupación de las vacantes como la designación de quien encabezará la Suprema Corte de Justicia los próximos cuatro años, están ligadas a una alternativa inevitable: ¿ministro de afuera o de adentro?

La Corte mexicana se divide, no por orientación ideológica, ni por un debate entre izquierdas y derechas, sino por el origen de sus integrantes: unos son de adentro, los que pertenecen a la carrera judicial: magistrados de circuito que llegaron al pináculo judicial por sus méritos y experiencia judicial, y otros, los de afuera: abogados, más bien políticos que juristas, salvo excepciones notables como la de José Ramón Cossío. Los de afuera no son bien vistos por los de adentro, se les mira como intrusos, atados a quien los llevó al alto sitial, forasteros de la cultura y la atmósfera judiciales, son en terminología de moda los fifís judiciales.

En EU la agenda conservadora avanzará irremediablemente. Lo que está en riesgo es la afectación del voto de las minorías, el derecho de los trabajadores a mejores salarios y condiciones de trabajo, la capacidad de los consumidores para defenderse de los conglomerados comerciales, el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo (aborto), el derecho a comprar y vender armas, incluyendo las de asalto, y nuevos criterios para perseguir a homosexuales, lesbianas y transexuales. Igualmente detener el avance de los matrimonios igualitarios. En fin, la debacle liberal.

En la Suprema Corte de México no hay complicaciones ideológicas sino preocupación por el control del poder. El gobierno que llegará tendrá como único freno institucional al Poder Judicial de la Federación: la Suprema Corte, los tribunales de circuito y los jueces de distrito tienen a su cargo la vigilancia de la constitucionalidad y legalidad de los actos de autoridad. Por ello la independencia de los juzgadores y la autonomía de los órganos jurisdiccionales son la garantía del control del poder. Sin eso, técnicamente se habrá instaurado una autarquía.

Si el presidente de la Suprema Corte resulta ser de afuera habrá desasosiego en el Poder Judicial Federal y particularmente entre los cinco ministros judiciales que quedarán: Piña Hernández, Pérez Dayán, Aguilar Morales, Pardo Rebolledo y Laynez. Además estarían en desventaja, pues es probable que AMLO proponga al Senado ternas con dedicatoria que el Senado acepte sin chistar. Es previsible que vendrán dos ministras de afuera que se agregarían a Saldívar, Franco, Gutiérrez Ortiz Mena y Medina Mora, para conformar una mayoría de foráneos. Las ternas tendrán mujeres inevitablemente pues la paridad de género así lo exige.

El nuevo juez asociado Kavanaugh ha dicho que los jueces en Estados Unidos son como los ampayers del beis: deciden si lo que lanza el pitcher es bola o strike. En México me parece que los ministros tienen un papel todavía más relevante: decidir la constitucionalidad y legalidad de los actos del gobierno. El nuevo régimen debe estar consiente que si bien contó con una mayoría apabullante de votos, también hay millones que temen un regreso al autoritarismo que asoma en los múltiples desplantes de los arrogantes ganadores. La única defensa que por ahora existe en el juego del poder es lo que diga la Suprema Corte, si la dejan.