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Opinión Columna


Una pauta interpretativa


Publicación:28-08-2018
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“Las fuerzas políticas reales operan según sus propias leyes que actúan independientemente de cualquier forma jurídica”.

 

A consecuencia del triunfo de López Obrador (2018-24) en las pasadas elecciones y apenas entregada la constancia de haber obtenido la mayoría que lo acredita como presidente electo, éste dio a conocer la convocatoria para celebrar consultas populares en derredor de la acción patibularia seguida por Enrique Peña Nieto en contra del magisterio para tildarla como reforma educativa, y en torno a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, las respuestas de los que han vivido del régimen por remover no se hicieron esperar, y gentes como José Woldenberg asumieron la posición de la crítica, adueñándose del formalismo jurídico frente a la objetividad del derecho para hacer notar la validez del principio constitucional de que los mexicanos tenemos derecho de votar sobre asuntos de trascendencia, a condición de que sean convocadas por el Congreso a petición del presidente de la República o del treinta y tres por ciento de los integrantes de cualquiera de las Cámaras, lo que no ha sucedido porque López Obrador no ha entrado en funciones ni se ha integrado el poder Legislativo.


Este, es un problema incluso educativo porque en los programas de estudio básicos se descuida la enseñanza del respeto a los derechos del niño, como efecto de que se fomente en su conciencia el aprendizaje de actitudes de conciencia crítica y a defenderse en forma organizada, desterrando por principio el escepticismo, y como despreciable y sospechosa la acción colectiva que no muchas veces ha rayado en la actitud idílica de amar al régimen.


No obstante, sería preferible explicar la confusión de José Woldenberg acerca de la velocidad o la rapidez en que deben asumirse con frecuencia algunas decisiones en ejecución de la ley y las cuales muchas veces dependen de la actitud de intereses inciertos, que por lo demás carece de importancia por el carácter vinculatorio que tiene el sesenta y tres por ciento de los sufragios emitidos en favor de Andrés Manuel López Obrador, que lo obligan a cumplir con las propuestas de campaña que estuvieron en el escrutinio público, como las consultas anunciadas.


Donde no tiene nombre y es imperdonable que Olga Sánchez Cordero se haya atrevido a concebir que el próximo gobierno de la República quiere plantear a la Organización de las Naciones Unidas “…una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la doga en México…Estamos pensando también en que podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos cargo también de esa despenalización y ese combate al crimen organizado” (Foro Banorte 2018. El Porvenir, 23. VIII. 2018).


A la eventual Secretaria de Gobernación habrá que recordarle que en el sistema educativo nacional no se enseña la práctica de la democracia y curiosamente no son los egresados de las escuelas públicas los que ocupan los puestos de gobierno; a éstos se les forma en el extranjero. Curiosamente, Olga Sánchez Cordero no ha hecho gala de la tradición delineada por Bacon para separar la enseñanza en las universidades de la investigación de las ciencias, junto a lo aportado por Newton a la física, por John Locke, David Hume, Bentham y Bertrand Russell a la filosofía. No, por supuesto que no.


La larga carrera burocrática de Olga Sánchez Cordero habrá que evaluarse por sus promociones, apoyada en un grupo nutrido de servidores muchos de los cuales recomendó patrocinándolos, y junto a cuya comparsa dio la impresión que pretendía la formación de un sindicato de funcionarios públicos al servicio poder Judicial de la Federación y de otros niveles del gobierno para darle rienda suelta a sus conocimientos del derecho inglés, Sin embargo, lo que acaba de revelar en el sentido de que el gobierno de López Obrador quiere plantear a la Organización de las Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr la despenalización de la droga en México, deja mucho que desear acerca de los principios rectores de la política exterior de México incorporados en la Constitución sobre la autodeterminación de los pueblos y de que el país no calcule los costos económicos y sociales para atender la farmacodependencia.


El problema es mucho menos grave cuando se trata de llamar la atención como lo ha hecho José Woldenberg, en virtud de que el universo del tejido de intereses que lo vio crecer desea hacer notar a López Obrador, que un gobierno que es electo por un partido que expresó la preferencia de una mayoría de votantes en el momento de la elección, no podrá seguirlo siendo debido a su doble irresponsabilidad, en principio porque no debe responder de sus acciones ante nadie, y porque cuando terminan las elecciones, los partidos desaparecen de la escena y no se puede volver a convocar a nuevas elecciones.


Pero lo de Olga Sánchez Cordero, por su participación en la introducción de los divorcios exprés para cuidar de la dignidad humana y la reserva para que la Suprema Corte decida sobre las consultas populares en materias presupuestal, energética, derechos humanos y demás asuntos que corresponden al pueblo, expone una idea que es susceptible de que si los particulares en un proceso son capaces de disponer en torno a sus intereses, esto pudiera trasplantarse al derecho de los partidos para disponer como dueños de los cambios constitucionales. Aquí, habrá que cuidar la acción de Olga Sánchez Cordero como enemiga del pueblo, al auto determinarse. Concluye George Jellinek: “Las fuerzas políticas reales operan según sus propias leyes que actúan independientemente de cualquier forma jurídica”. (ISBN:84-259-0872-8).



« Redacción »
Carlos Ponzio


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