Una de las propuestas favoritas de AMLO ha sido reducir las pensiones de funcionarios públicos y aumentar las de los adultos mayores. Como ningún presidente —el actual menos que ninguno— ha salido, según el público, con la frente en alto, las pensiones sugieren un gasto injusto, inmerecido. Los ex presidentes Salinas y Zedillo renunciaron a sus pensiones y Calderón la ofreció a una institución de beneficencia, como si eso mitigara su conciencia agitada por tanto muerto a cuestas.

Las pensiones presidenciales se establecieron en 1976, en que se asignaron a cada ex presidente 78 miembros del Ejército, La Fuerza Aérea y la Armada de México. En 1987, Miguel de la Madrid, concedió a los ex presidentes una pensión vitalicia equivalente al salario que percibían, seguro de vida y de gastos médicos mayores. Además 25 empleados civiles, pensión vitalicia para la viuda y subsidio a los hijos menores. Más complicado será el ofrecimiento del presidente electo de reducir los emolumentos de los ministros de la Suprema Corte. Los ministros perciben cantidades que exceden por mucho las que corresponden al presidente.

Existen garantías para los miembros del Poder Judicial cuyo propósito es garantizar su independencia e imparcialidad. Los ministros de la Suprema Corte, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, los consejeros de la Judicatura Federal y los magistrados electorales gozan de la garantía de remuneración. El salario de los detentadores de estos cargos no puede ser disminuido. Es una prohibición para los legisladores y para el presidente, que no pueden modificar esta regla constitucional. La disposición está inspirada en la Constitución de Estados Unidos, donde los jueces federales, incluidos los que integran la Suprema Corte de ese país, juegan un papel tan relevante, tanto así que son los que determinarán el derrotero de las políticas de Trump. El objetivo de la garantía económica es que no existan presiones que alteren el buen juicio y la honorabilidad judicial.

En 2009 hubo una reforma que estableció que ningún funcionario podrá recibir una remuneración mayor a la que recibe el presidente. Como no se sabía qué hacer entonces con los ministros que ganaban más que el presidente, un artículo transitorio señaló que podrían seguir ganando más que el presidente, pero sólo los que en ese momento estaban en funciones, con lo que beneficiaron a diez de los once que integran el alto tribunal. Curiosa solución que estableció que en la Suprema Corte, la casa de la justicia, se da la injusticia de que algunos ministros ganen menos que otros, anulando el principio jurídico laboral de que a trabajo igual salario igual.

Para lograr su cometido AMLO tendría que iniciar el procedimiento para reformar la Constitución. De hacerlo, seguiría la práctica tan inconveniente de los últimos gobiernos, sobre todo del último de Peña Nieto, de reformar el texto Constitucional para convertir la Carta Magna en un parche que se distingue por estar todo parchado. Peña Nieto lleva más de 150 reformas a la Constitución, bajo la regla de que la Carta Magna es el receptáculo de todo lo que se les ha ocurrido, bajo la idea de que como es rango constitucional se va a cumplir automáticamente.

Tal vez llegó el momento de pensar más en grande y si efectivamente se trata de lograr un cambio mayor para el país, avanzar la idea que los miembros más conspicuos del equipo de López Obrador, —señaladamente Porfirio Muñoz Ledo— han venido insistiendo hace sexenios en darle al país un nuevo texto constitucional. La cuarta transformación propuesta podría tener como sustento una nueva Constitución Política. Así como la Independencia se sostuvo en la Constitución de 1824, la Reforma liberal en la de 1857 y la Revolución en la de 1917, podría darse la Cuarta Constitución, para la Cuarta República, que sostenga la cuarta transformación propuesta.

Se había aducido que no existían condiciones políticas para una nueva Constitución. No obstante ahora que las condiciones son diferentes podríamos estar enfrente a un cambio acorde a la cuarta transformación del país, que solo podría darse realmente si hubiera un cambio de Constitución. ¿Será que se quiere ir tan lejos?

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