Legal


Destacarán desarrollo legal en NL


Publicacion:09-05-2017

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Para mejorar la sinergia en las labores legales locales, el Poder Judicial anunció que reconocerán a buenos ciudadanos.

Por ello y en sinergia con el  Gobierno de Estado de Nuevo León a través del Consejo Interinstitucional de Participación Ciudadana, en el que participa el Poder Judicial del Estado, lanzó la convocatoria para proponer candidatos al Reconocimiento al Mérito Cívico, Presea Estado de Nuevo León, edición 2016.

El reconocimiento al Mérito Cívico “Presea Estado de Nuevo León”, es la máxima distinción que el Estado otorga a personas de reconocida integridad, honestidad y ética, que en el desempeño de sus funciones realicen actos y obras de trascendencia en beneficio a la comunidad.

Se convoca a las asociaciones civiles, sociales, profesionales, culturales, políticas, deportivas, religiosas, ecológicas y demás que integran la sociedad en todos los municipios del Estado, proponiendo hombres, mujeres y jóvenes a ser postulados a ganar el máximo reconocimiento que otorga el estado de Nuevo León.

Las categorías son Desarrollo Económico, Educación, Cultura y Deporte, Actividad pública y social.

Se trata de proponer a ciudadanos que hayan realizado actividades de importancia para sus semejantes o en beneficio de la sociedad; no es necesario que se cuente con títulos universitarios, ni haber escalado en puestos públicos.

Así se dio a conocer en rueda de prensa presidida por Fernanda Villafranca, Subsecretaria de Desarrollo Político; Gabriel Deschamps, Subsecretario de Gobierno; Raúl Pedraza, Secretario Técnico del Consejo; y la licenciada Graciela Buchanan Ortega, Magistrada del Tribunal Superior de Justicia, entre otras autoridades.

Se premia la importante aportación social, económica o científica realizada por los ciudadanos que impacte de manera positiva en el desarrollo de la sociedad nuevoleonesa.

“Aquí se premia al individuo por su aportación al Estado con acciones trascendentes en sus diferentes actividades como labor científica, social, académica, participación ciudadana y demás facetas que hay en el ser humano”, explicó Deschamps.

La Magistrada Graciela Buchanan comentó que “el origen de la medalla tiene como fin hacer visibles a aquellos ciudadanos que por su aportación al Estado de Nuevo León han significado un cambio, una mejora; han ayudado a terceras personas a tener una mejor forma de vida y que son un ejemplo. Ese ejemplo se tiene que difundir porque es una responsabilidad del Estado hacer visible a estos ciudadanos para que se siga su ejemplo en un tiempo en el que los valores son trascendentes para la formación cívica de todo ciudadano”.

Los tres poderes del Estado y los ciudadanos que integran el Consejo forman un bloque común, expresó la magistrada, para tener una participación cívica en la formación de los ciudadanos.

“La medalla también tiene como fin generar una cultura cívica que permeé en nuestros jóvenes, en nuestros niños y todos los ciudadanos sobre la cultura del esfuerzo y el trabajo hacia los demás, en un tiempo en que debemos ser empáticos con toda la ciudadanía”, comentó la magistrada.

Se comentó que se tiene un interés particular en que aquellos hombres y mujeres valiosos de todos los municipios del Estado, abarcando área rural, sean propuestos.

“Aunque es importante, no nos interesa que tengan títulos o grados académicos. Lo que nos importa es el deber ser y el que estas personas sean realmente ejemplares en su comunidad. No se valora tampoco su capacidad económica ni estatus social”, mencionó Carlos Gómez Flores, Vocal del Consejo.

La recepción de las propuestas será del 8 de mayo al 7 de julio del año en curso. La fecha de entrega de la presea será el 8 de septiembre de 2017 en el Teatro de la Ciudad.

Para presentar las propuestas se pueden obtener mayores informes en la Dirección de Formación Cívica, de lunes a viernes de 8:00 a 15:00 horas, teléfono 20 20 97 11 al 15.

TRABAJAN EN FORO LEGAL

Además en otro orden de ideas legalmente ya se trabaja en el Foro, se realiza con el objetivo de reflexionar, intercambiar información y propiciar el debate público que contribuya a mejorar los mecanismos de designación de integrantes de órganos superiores de Poderes Judiciales, así como de las procuradurías y fiscalías.

Así es que organizado por el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, la Procuraduría de Justicia, Fundación para el Debido Proceso, Ciudadanos en Apoyo a Derechos Humanos, Consejo Cívico y la asociación Renace.

La inauguración estuvo a cargo del Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura; el licenciado Bernardo Jaime González Garza, Procurador General de Justicia en Nuevo León; Ramiro Orías, Oficial de Programa Senior de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF); y el diputado Andrés Mauricio Cantú Ramírez, Presidente del Congreso del Estado.

Al comentar los objetivos del Foro, Ramiro Orías comentó que una de las principales misiones de la organización que representa, ha sido contribuir al fortalecimiento de los sistemas de administración de justicia y, en este contexto se ha generado un diálogo con autoridades y organizaciones civiles de Nuevo León.

Resaltó la importancia de contribuir a la reflexión y al debate público con un diálogo abierto en relación a ciertas guías que contribuyan a mejorar los procesos de designación de las altas cortes de justicia, de las principales autoridades de los sistemas de justicia y del ministerio público.

“Espero que este sea el primero de muchos ejercicios que permitan y fortalezcan la participación ciudadana en temas como la procuración e impartición de justicia”, dijo el Procurador de Nuevo León al hacer uso de la palabra.

“Me parece un avance muy significativo lo que hacemos a través de estos foros y estas pláticas. Considero que la forma en que se planteó la designación del Fiscal General en el estado de Nuevo León obedece al respeto y a la voluntad del pueblo”, dijo.

Agregó que “el cargo de Procurador General de Justicia o de Fiscal General no sólo representa un honor sino además, un gran reto personal y profesional. Quien acepte las responsabilidades que conlleva debe desde luego, satisfacer sobradamente los requisitos, pero además tener un alto sentido de responsabilidad, dejar ajena la política de su desempeño y ser una persona apasionada por la justicia”.

Por su parte, el Magistrado Carlos Emilio Arenas Bátiz resaltó la importancia de tema al comentar que la forma en que se designa a los titulares de los tribunales y de la procuraduría impacta de modo directo en la legitimidad del órgano e incluso en su independencia y autonomía.

En lo que respecta a la función jurisdiccional, dijo que es de carácter técnico jurídico y el desempeño de la misma, a cargo de los juzgadores, implica un saber técnico al aplicar la norma general al caso concreto. Al ser una función técnica, la mejor vía de ingreso y promoción a la función judicial son los concursos en los que se evalúa conocimiento y antigüedad en la carrera judicial, fundamentalmente; sin embargo en prácticamente en todos los países del mundo también se considera que deben hacerse también con ciertos elementos de procedimientos políticos y la intervención de los otros poderes.

“La complejidad del asunto se centra en encontrar el equilibrio adecuado entre los méritos y las capacidades técnicas y por otro lado, la intervención de órganos políticos en la designación de las altas autoridades de la administración de justicia”, consideró el magistrado presidente.

Al aceptar que no hay una receta que se deba observar universalmente, refirió que hay que buscar el balance adecuado.

“Hay que buscar el balance de tal modo que los elementos de los procedimientos en los que intervienen autoridades políticas en la designación de las altas autoridades del sistema de impartición de justicia no terminen politizando la designación”, enfatizó.

Agregó que “debe lograrse la mejor fórmula para que las designaciones se traduzcan en órganos fuertes con legitimidad política y social y con plena autonomía e independencia”.

Comentó que el tema también cobra importancia, ya que en el año 2019 se renovará un tercio de los integrantes del Tribunal Superior de Justicia y el cien por ciento del Consejo de la Judicatura.

“Dos años se pasan rápido y es mi esperanza que este Foro contribuya a que con oportunidad vayamos construyendo la normatividad que nos va a permitir al Poder Judicial llegar a ese momento y lograr la renovación del Tribunal Superior de Justicia y Consejo de una manera que se traduzca en el fortalecimiento, aún mayor, de este Poder Judicial”.

Durante el evento se ofreció la conferencia magistral: “Garantías para la independencia judicial en los procesos de designación”, a cargo de José de Jesús Orozco Henríquez, Comisionado y ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Además se realizaron dos paneles durante el desarrollo del Foro.

Moderado por el licenciado Martín Sánchez Bocanegra, Director de Renace, en el primer panel se abordó el tema: “Estándares internacionales y profesionalización de los procesos de designación de jueces, magistrados y consejeros de los Poderes Judiciales”, en el que participaron Jose Antonio Caballero Juárez, Académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.; Miguel Oswaldo Zárate Martínez, Presidente de la Barra Mexicana de Colegios de Abogados, capítulo Nuevo León; y Úrsula Indacochea, Coordinadora del Área de Independencia Judicial, Fundación para el Debido Proceso (DPLF).

En un segundo panel, moderado por Úrsula Indacochea, se trató el tema: “Estándares internacionales y buenas prácticas en los procesos de designación de autoridades del sistema de procuración de justicia”, en el que participaron Ana Lorena Delgadillo, Directora de la Fundación para la Justicia y Estado de Derecho A.C.; Sandrine Molinard, Directora de Consejo Cívico A.C.; y Consuelo Morales Elizondo, Directora de CADHAC A.C.

Se abundó sobre los elementos que pueden intervenir en los procedimientos de selección tales como mecanismos por convocatoria, definición de perfil idóneo, integración de órganos de selección, opinión de organismos ciudadanos, intervención de los órganos de los poderes públicos políticos, remoción de nombramientos, estándares internacionales; entre otros puntos.

Al concluir los trabajos, el magistrado Arenas Bátiz consideró cubiertos los objetivos del Foro al ampliar los conocimientos y sensibilidad sobre un tema de gran relevancia.

En el Foro participaron representantes de la Procuraduría de Justicia, poderes judiciales, Congreso del Estado, organismos académicos, miembros de colegios de abogados, así como de la sociedad civil, entre otros.

 

 

 



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