Detectan en el puerto de Manzanillo red de corrupción

La Secretaría de la Función Pública (SFP) concluyó la investigación en torno a la supuesta red de corrupción en el Puerto de Manzanillo, que venía otorgando venta y entrega de contratos de cesión parcial de derechos sin el aval de su Consejo de Administración, y detectó que funcionarios de alto nivel estuvieron involucrados en esa estructura durante el sexenio pasado.

La investigación entregada en diciembre del año pasado confirmó la denuncia que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018, que encontró tanto inconsistencias mi-llonarias como incumplimiento y omisiones durante la gestión del exdirector de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, al favorecer a empresas amigas, aunque al final no tuvo consecuencias legales.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en la conferencia matutina del 9 de enero pasado: "Tenemos pruebas de que administradores de puertos o están coludidos o se hacen de la vista gorda en actos de corrupción".

Incluso la Fiscalía General de la República (FGR) reveló que estaban en marcha investigaciones por las denuncias presentadas contra las API, entre ellas la de Manzanillo, en las cuales se indaga el papel de los titulares y sus subordinados.

Se publicó el 7 de noviembre de 2018 que el Órgano Interno de Control (OIC) de la API Manzanillo, dependiente de la SFP, iniciaría una investigación en torno a una red de corrupción de funcionarios en esa terminal porque vendían y entregaban contratos de cesión parcial de derechos sin aval del Consejo de Administración.

Uno de los contratos a investigar era el entregado a la empresa Logística de Fluidos y Gráneles, de la cual son socios Patricia y Héctor Sánchez Espinosa, primos hermanos del gobernador de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez.

En ese momento trascendió que existía una denuncia ante el OIC en la cual se presumían presuntas irregularidades administrativas del director general de la API Manzanillo, Noval Nicolau, quien dejó el cargo en enero de 2019.

La denuncia se fundamentaba en tres argumentos de peso:

Que el director de la API asignó directamente una cesión parcial de derechos a Logística de Fluidos sin apegarse al acuerdo del consejo. Que la API tramitó dicha solicitud sin contar con toda la documentación que señala la normatividad (Ley de Puertos y su Reglamento).

Y que el contrato de cesión número APIMAN01-035/18 presentaba inconsistencias que ameritaban su revisión y hasta revocación.

Las pesquisas de la auditoría llevaron a encontrar que el cesionario Terminal Internacional de Manzanillo pagó en 2018 la cuota fija con base en el avalúo realizado por el INDAABIN de 2008, cuando debió ser con el de 2013, lo cual infringe el periodo de actualización del avalúo de cada cinco años establecido en los contratos, "por lo que tiene abierto un expediente administrativo de investigación por las conductas presuntamente irregulares" de funcionarios encargados de dar seguimiento a las obligaciones contractuales del cesionario.

También encontró discrepancias en el contrato APIMAN01-029/13, relacionado con el cobro de cuota variable de Terminal Marítima Hazesa por 69.5 millones de pesos que no fue reconocida por la empresa y las autoridades no proporcionaron información sobre el saldo real de la deuda del cesionario ni los registros de los ajustes contables.

Incumple reglamento

 La ASF confirmó que el director de la API Manzanillo, Ovidio Noval Nicolau, firmó el contrato número APIMAN01-035/18 con Logística de Fluidos y Gráneles, que no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 17 del reglamento de la Ley de Puertos, y otorgó una prórroga de 15 años al cesionario con número de contrato APIMAN01-020/07 sin cumplir la normativa.

La investigación del OIC de la API Manzanillo, a la cual tuvo acceso esta casa editorial, demuestra que el exdirector Noval Nicolau "incumplió en sus obligaciones como servidor público" y tampoco "atendió las instrucciones del Consejo de Administración de la API y fue omiso en el desempeño de su empleo, cargo o comisión, así como los principios de disciplina, legalidad, objetividad, profesionalismo y honradez", descritas en el artículo 7, fracción I de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

El hilo de la madeja de la supuesta red de corrupción salió a relucir tras detectar que este funcionario, junto con Ricardo Martínez Suárez, entonces director adjunto de Proyectos Prioritarios Marítimo-Portuarios, y Alejandro Hernández Cervantes, director general de Puertos de la SCT, procedieron a formalizar un contrato de cesión parcial de derechos y obligaciones el 21 de agosto de 2017 con Logística de Fluidos y Gráneles, el cual se registró bajo el número APIMAN01-035/18 el 27 de agosto de ese año, "a pesar de que la empresa no contaba con los permisos y las autorizaciones de la Comisión Nacional del Agua, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Federal de Competencia Económica y de las autoridades ambientales".

La firma tampoco "presentó la acreditación de contar con recursos financieros, materiales y humanos para realizar el proyecto, entregó un título de propiedad que no se encontraba a su nombre, no presentó título de concesión de la zona federal marítimo terrestre —competencia de la Secretaría del Medio Ambiente—, y no proporcionó copia certificada de la autorización en materia de impacto ambiental".

El contrato contempla una concesión de superficie de agua de 159 mil 52.42 metros cuadrados, para construir y operar una terminal marítima especializada en almacenamiento de petrolíferos, para carga, descarga, manejo, almacenaje, alijo, estiba y acarreo de fluidos de cualquier tipo, sea granel agrícola, fertilizantes y carbón con vigencia de 20 años y la posibilidad de prorrogarse.

Nora Alba Borrego Balleza, titular del Área de Quejas del Órgano Interno de Control en la API Manzanillo, había señalado desde el 15 de octubre de 2018 en el oficio OIC 09/179/363/2018 "que hay elementos para indicar que los servidores públicos señalados cometieron presuntas irregularidades administrativas (…) debiendo ser revocado dicho contrato en cumplimiento al artículo 33 de la Ley de Puertos".