Exigen millonario pago a manifestantes en India

El gobierno del estado más grande de India, Uttar Pradesh, exigió el pago de millones de rupias a más de 200 personas que participaron en las protestas de las últimas semanas y amenazó con confiscarles sus bienes como represalia.

La entidad gobernada por el Partido Popular Indio (BJP, por sus siglas en hindi) fue uno de los principales focos de protesta social después de la aprobación de la Ley de Enmienda Ciudadana, la cual otorga la nacionalidad india a toda persona que lo solicite y no sea musulmana.

Las autoridades estatales informaron que se han emitido al menos 230 oficios donde se reclama la indemnización al estado por daños a la propiedad durante los episodios de protesta, la mayoría de la población demandada es de origen musulmán.

Uttar Pradesh fue uno de los escenarios donde se desataron los episodios más violentos contra la nueva legislación, según cifras oficiales, 18 de los 25 muertos en las jornadas de protesta se registraron en la entidad, uno de los estados más grandes del país.

El medio Al Jazeera informó que en la ciudad capital Nueva Dehli, un grupo de activistas difundieron un reporte sobre la violencia en Uttar Pradesh, donde denunciaron que el estado ha vivido una época de terror en las últimas semanas, debido a la ley que atenta contra las minorías.

Los activistas también informaron que se han realizado detenciones arbitrarias no sólo en el estado más poblado de la India, sino en todo el país. Al Jazeera reportó que este mismo escenario ha comenzado con la emisión de los oficios que exigen el pago de 200 rupias de forma indiscriminada.

El vocero de la policía de Uttar Pradesh, Shrish Chand, respondió que los reportes presentados este jueves sobre la represión en el estado son falsos y que las medidas contra los manifestantes se han tomado con total apego al marco normativo del estado.

Las protestas contra la Ley de Enmienda Ciudadana se intensificaron después de la entrada en vigor de la sección 144 del Código de Procedimientos Penales de la India, apartado que prohíbe las manifestaciones y cuya aplicación ha sido paulatina en distintos puntos del país como un mecanismo de criminalización de la protesta.