Buscan erradicar violencia en administración pública

La Secretaría de la Función Pública (SFP) y el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) anunciaron la actualización del Protocolo para la Atención, Prevención y Sanción del Acoso y Hostigamiento Sexual, con miras a la erradicación de esos flagelos en la administración federal.

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la titular de la SFP, Eréndira Sandoval Ballesteros, destacó que con esa herramienta se pretende lograr cero impunidad en los espacios de la gestión pública.

Subrayó que lograr ese objetivo "exige un compromiso claro de todos los gobiernos y si bien la violencia es reprobable en todas sus formas hoy en esta SFP asumimos el compromiso de erradicarla por completo”.

Sandoval Ballesteros indicó que ese mecanismo define las conductas a sancionar y permite a las víctimas decidir qué instancia quiere que lleve su caso. Igualmente, da "dientes" a los procedimientos al integrarlos a las Órganos Internos de Control (OIC).

“Estamos decididas a convertir la administración pública federal en un espacio libre de violencia seguro e incluyente para todas y todos, y para lograrlo hemos transformado el protocolo que ahora no solo prohíbe la violencia sino también ofrece medios concretos y efectivos para combatirla y castigarla, pues lo más lacerante es la impunidad”, enfatizó.

La funcionaria federal destacó que con la participación de 50 instituciones es la primera vez que se desarrolla un programa de ese tipo y de ese alcance de la mano de las mujeres, con una metodología feminista y participativa, pero con apego a la normativa y derecho administrativo sancionador.

También cuenta con otro protocolo de actuación con perspectiva de género para la investigación y sustanciación de las quejas y denuncias que se pueden presentar en los OIC.

“El protocolo obliga a verificar cada una de las quejas y denuncias, a ponderarlas, a examinar la relación entre la denunciante y el denunciado para identificar asimetrías de poder y en este análisis poder activar el protocolo”.

Además se incluyen los principios de exhaustividad para que los OIC y el personal de investigación y sustanciación de los procedimientos tengan un papel activo y proactivo para obtener evidencia sin perder la objetividad e imparcialidad, pues su aplicación será responsable.

Eréndira Sandoval añadió que ese mecanismo también se acompaña por otras acciones ya lanzadas para fortalecer la igualdad en la administración pública federal como los nuevos códigos de ética y conducta con perspectiva de género para asegurar ambiente de trabajo libre de violencia, entre otros.

De igual forma adelantó que en breve el organismo a su cargo lanzará una convocatoria para el servicio profesional de carrera dirigido a las mujeres.

En su oportunidad Nadine Gasman Zylbermann, presidenta del Inmujeres, explicó que se tomó la determinación de revisar ese mecanismo porque entre 2017 y 2018 las conductas de acoso y hostigamiento sexual al interior la administración pública se incrementaron 50 por ciento.

Mencionó que el protocolo presenta cambios importantes en las áreas de prevención, investigación, capacitación y por otro lado fortalece las áreas de administración y finanzas, consejeros, comités de ética y a los OIC, e incorpora en atención a las unidades de igualdad de género de cada dependencia.

Descansa en los principios pro persona y no revictimización, en la perspectiva de género, protección y atención integral a las víctimas por lo que éstas podrán elegir que instancia ante las que quieran llevar su procedimiento.

Asimismo, incluye criterios puntuales para que las pruebas en caso de acoso u hostigamiento sexual de algún compañero o jefe en la burocracia federal se valoren con perspectiva de género, sin prejuicios ni estereotipos, dando preponderancia a la declaración de la víctima.

Se toma en cuenta el contexto y la posible existencia de relaciones de poder y subordinación y sienta las bases para que el procedimiento establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas se realice con perspectiva de género.

Esto implica que no puede exhortarse en ningún caso a la conciliación entre las partes y si existe reincidencia en la conducta las sanciones se aplicarán de forma progresiva, entre ellas cesar al agresor, además de que habrá capacitación progresiva en varios niveles a los trabajadores federales al servicio del Estado.

“Como autoridades del gobierno de México nos corresponde atender las obligaciones constitucionales en torno a la prevención, respeto, protección y garantías de todos los derechos fundamentales y por ello tenemos la obligación de prevenir, investigar, sancionar y reparar cualquier conducta que genere un violencia a un derecho.

“Les debemos una vida libre sin violencia a las mujeres, ese es el derecho humano rector y muchas son las conductas que siguen impidiendo que sea un derecho que se ejerza de manera plena para las niñas y mujeres de México entre ellas el acoso y hostigamiento sexual”, dijo.

Por su parte Paula Narváez Ojeda, representante de la Organización de Naciones Unidas Mujeres en México, presentó el lanzamiento en México de la Campaña a nivel internacional “Tenemos que hablar”, que marca el inicio de los 16 días de activismo para promover una vida libre de acoso y hostigamiento contra las mujeres.