Van 23 muertos por protestas en Bolivia

Al menos 23 personas han muerto y 715 han resultado heridas, entre ellas ocho periodistas, du-rante las protestas y manifestaciones registradas en Bolivia.

De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Defensoría del Pueblo de Bolivia, 19 hombres asesinados ya han sido identificados, sin embargo cuatro más permanecen sin ser reconocidos. Los heridos se dividen en 631 hombres y 84 mujeres.

Hasta ahora el enfrentamiento más sangriento fue el registrado en el puente Huayllani, cuando cocaleros simpatizantes de Evo Morales trataron de cruzarlo con dirección a Cochabamba, ciudad ubicada en el centro del país. En ese episodio fallecieron nueve personas, en el municipio de Sacaba.

Entre los heridos también hay 56 policías, de acuerdo con el reporte de la Defensoría del Pueblo de Bolivia.

Las protestas comenzaron tras las elecciones generales del 23 de octubre, con vecinos y ciudadanos oponiéndose a la reelección de Morales, acusando fraude electoral y manifestándose en defensa del voto.

El 10 de noviembre observadores de la Orga-nización de Estados Americanos (OEA) que auditaron la jornada electoral dieron a conocer un in-forme preliminar que establecía que encontraron irregularidades en los cuatro elementos revisados: tecnología, cadena de custodia, integridad de las actas y proyecciones estadísticas.

Por ello, la OEA cuestionó los resultados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), que dio la victoria a Evo Morales en primera vuelta con el 47.08 por ciento de los votos. La OEA se pronunció en contra de la validez del proceso y recomendó convocar a nuevos comicios.

La presión social escaló entonces de tal forma que las fuerzas armadas recomendaron a Morales dimitir; el entonces mandatario renunció para evitar derramamiento de sangre y aceptó el asilo político ofrecido por el gobierno de México.

CIDH alerta sobre decreto en Bolivia que exonera a militares

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) alertó sobre un decreto aprobado por el gobierno de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, el cual deslinda de responsabilidad penal a los militares que participan en los operativos para restablecer el orden en el país.

"El personal de las Fuerzas Armadas, que participe en los operativos para el restablecimiento del orden y estabilidad pública, estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o Estado de necesidad", señala el decreto 4078.

El documento “desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos", in-dicó la CIDH en un mensaje de Twitter.