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La deuda pendiente en Nuevo Laredo


Publicación:29-09-2019
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Kassandra relata que el golpe seco con el que derribaron la puerta trasera de su vivienda interrumpió su sueño

NUEVO LAREDO, Tamps./ Kassandra relata que el golpe seco con el que derribaron la puerta trasera de su vivienda interrumpió su sueño. En la casa, ubicada en la colonia Valles de Anáhuac, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, vivía la joven de 18 años con su padre y su hija, una bebé de dos años.

El pasado jueves 5 de septiembre, cuando faltaban unos minutos para las 8:00 horas, Kassandra escuchó el golpe y segundos después unos cinco hombres entraron al cuarto donde ella dormía con la bebé; pudo ver que su padre --que entonces vestía playera, bermuda y chanclas-- intentó acercarse, pero fue regresado a golpes por los hombres armados, con ropa negra y el rostro cubierto con pasamontañas.

"Se lo llevaron a la cocina, lo golpeaban y le exigían que sacara las armas, él les decía que no sabía de qué hablaban, que tenía forma de comprobar su trabajo como empleado de una refresquera", repetiría después la joven en varias entrevistas.

En su testimonio, Kassandra narra que fue testigo del momento exacto en que los agentes obligaron a su padre a vestirse con ropa tipo militar, con la que apareció muerto horas más tarde.

Casi de manera simultánea, otras siete familias pasaban por una situación similar. En todos los casos, elementos de la Policía Estatal de Tamaulipas entraron a sus hogares y sacaron a una persona, en total fueron cinco hombres y tres mujeres. Sus familiares no volvieron a verlos con vida.

La versión de las autoridades

La tarde del 5 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó a través de un comunicado que ocho personas "identificadas como integrantes de un grupo delictivo" habían sido abatidas durante un enfrentamiento con agentes estatales "que repelieron la agresión".

De acuerdo con el documento, los elementos policiales realizaban un recorrido en la colonia Valles de Anáhuac, donde detectaron una camioneta negra sin placas, desde la cual dispararon en su contra, por lo que inició una persecución. Los ocupantes del vehículo se refugiaron en un domicilio desde el que continuaron los disparos contra los policías, hasta que fueron abatidos.

"Varios de esos individuos --entre ellos tres mujeres-- portaban uniformes tipo militar con insignias pertenecientes a un grupo delictivo que opera en Nuevo Laredo", precisaba el comunicado, mismo que daba cuenta del aseguramiento de una camioneta modificada con blindaje artesanal, así como 15 armas largas y una corta. También se difundieron fotografías del vehículo y los presuntos agresores abatidos.

Los testimonios

Seis días después del presunto enfrentamiento, el 11 de septiembre, Raymundo Ramos, titular del Comité de Derechos Humanos en Nuevo Laredo (CEDHNL), Organización No Gubernamental, informó en conferencia de prensa que contaba con testimonios que comprobaban que el enfrentamiento nunca existió y que las ocho personas abatidas habían sido víctimas de una ejecución extrajudicial.

Reveló que contaba con un video y las declaraciones de un hombre que fue identificado como Ramón, chofer de una grúa --quien habría sido contratado para trasladar una camioneta blindada, la misma que presuntamente decomisaron las autoridades estatales-- hasta la vivienda donde supuestamente se resguardaron las ocho personas abatidas.

En el video se observa a una grúa arrastrar el vehículo. "El convoy resguarda a la grúa que arrastra la camioneta Tundra y posteriormente le piden al chofer ingresar la unidad. Le piden que se retire, no sin antes tomarle fotos y a su credencial de elector. Tenemos el documento en el que esta persona le informa a sus superiores del traslado de la colonia Bella Vista a Valles de Anáhuac, que es un recorrido como de cinco kilómetros", explicó Raymundo Ramos.

Informó que el CEDHNL documentó los testimonios de los familiares de las víctimas en los que aseguran que elementos estatales allanaron sus domicilios, torturaron, vistieron y finalmente mataron a las ocho personas. Añadió que cuenta con el certificado de defunción de una de las víctimas, en el cual se precisa que la persona murió por "el tiro de gracia".

En respuesta, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas, por medio de un comunicado, informó que se iniciaba una carpeta de investigación.

Las intimidaciones

El 12 de septiembre, el CEDHNL denunció actos de intimidación en la casa de Ramón, quien ese día debía presentar su testimonio ante la Fiscalía General del Estado.

Raymundo Ramos dijo que al menos 10 vehículos de la Policía Estatal y del Grupo de Operaciones de Tamaulipas rodearon la casa del chofer.

"Son policías estatales, Ramón estaba citado en la fiscalía de Tamaulipas para ser entrevistado, pero suponemos que la intención de los policías es que no saliera y no pudiera ser entrevistado", declaró a medios de prensa.

Además, el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, declaró que desde que se dio a conocer la denuncia sobre la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas, la Fiscalía del Estado, en ejercicio de su autonomía, abrió de oficio una carpeta de investigación sobre el tema.

Dos días después, el 13 de septiembre, el CEDHNL informó que, al no existir garantías de seguridad para Ramón, sería trasladado a Estados Unidos en tanto se realizan las investigaciones correspondientes.

Por su parte, la Comisión de los Derechos Humanos de Tamaulipas aplicó medidas cautelares para los testigos que rindieron testimonio de los hechos acontecidos en Nuevo Laredo.

Sanciones

El 23 de septiembre, la Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas giró órdenes de aprehensión contra siete elementos de la Policía Estatal presuntamente relacionados a la ejecución de las ocho personas.

José "N", Guadalupe "N", Juan "N", Edith "N", Concepción "N", Francisco "N" y Urbina "N" estarán sujetos a proceso por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad, falsedad en informes dados a una autoridad y allanamiento de morada.



« Redacción »