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Vive BC crisis por ampliación de mandato


Publicacion:11-07-2019

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Acusan negociación entre PAN y Morena para obtener cargos en Auditoría Superior y Tribunal Anticorrupción

TIJUANA, BC.-                      

La aprobación de una reforma constitucional en el Congreso de Baja California, para extender el mandato del próximo gobernador de dos a cinco años, generó una crisis política que ya escaló a nivel nacional.

El senador Damián Zepeda del Partido Acción Nacional (PAN) acusó que "todo el Congreso de Baja California está corrompido, podrido", mientras su compañera de bancada Kenia López dijo que el partido repudia a sus diputados que votaron por esa decisión.

Cuauhtémoc Cárdenas señaló que "aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades" en el país.

El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción acusó que la medida la negociaron el PAN y Morena a cambio de los titulares del Tribunal Anticorrupción y de la Auditoría Superior estatal.

Por su parte, Cuauhtémoc Cárdenas escribió en Twitter: "El Congreso de Baja California ha decidido vulnerar el orden republicano y democrático. Ofende inteligencia, cae en ilegalidad y pierde total legitimidad al prolongar de dos a cinco años el mandato del gobernador electo".

El tres veces candidato presidencial consideró que "aceptar esta prolongación de mandato abre riesgos de mayores ilegalidades y atropellos al mandato democrático en toda la República". Agregó que, en su opinión, los "bajacalifornianos y todo aquel con capacidad para protestar legalmente debe hacerlo".

En tanto, la Comisión Nacional de Ética del PRI emitió un extrañamiento a sus diputados de Baja California y solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que aplique las sanciones que procedan.

 

Amenazan con veto

 

 El gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, advirtió que no publicará en el Periódico Oficial la modificación del artículo Octavo del decreto 112, que amplía la siguiente gubernatura, y que fue aprobada por tres de los cinco Cabildos de la entidad.

"Todos estamos comprometidos en atender la voluntad de los ciudadanos expresada el pasado 2 de junio, en la que se votó por una gubernatura de dos años. A los candidatos, partidos políticos y ciudadanos les asiste el derecho de utilizar los instrumentos jurídicos existentes para manifestar su desacuerdo y enfrentar su decisión", escribió el gobernador en sus redes sociales.

Sin embargo, el veto del gobernador no detiene la reforma ya que, de acuerdo con las leyes locales, el mandatario tiene 15 días para publicarla en el Periódico Oficial, de lo contrario lo puede hacer el Congreso.

Las votaciones, tanto en la Legislatura local como en los ayuntamientos, se han llevado a cabo en sesiones extraordinarias y a puerta cerrada. Incluso, en el caso de los diputados, en secreto, es decir, sin externar públicamente el sentido de su sufragio ni la argumentación de su decisión.

En Tijuana, este miércoles la Coparmex de Baja California anunció que alista un juicio de amparo dentro de su estrategia legal para revertir la reforma constitucional. Roberto Rosas Jiménez, presidente local del organismo, precisó en rueda de prensa que el cambio constitucional podría sentar un mal precedente a nivel nacional.

Desde la semana pasada, los cuatro miembros ciudadanos que integran el comité advirtieron que había una intención por parte de los diputados para elegir al auditor superior sin tomar en cuenta su opinión pero, además, con la intención de elegir a un personaje cercano a la actual administración del estado, Carlos Montejo, quien pese a las quejas, finalmente fue elegido.

El mismo día que 21 diputados aprobaron la derogación del artículo Octavo del decreto 112, que amplía de dos a cinco años el periodo de go-bierno del morenista Jaime Bonilla Valdez, también resultó electo Montejo como el responsable de investigar el gasto público del estado, quien es panista y también trabajó en el actual gobierno, al que deberá investigar.

Pero su elección no fue una casualidad, advirtió Jorge Topete, integrante del CPC, Montejo fue elegido porque conviene al actual gobierno estatal. La lectura es que el costo político fue el resultado de la sesión extraordinaria del lunes pasado en el Congreso de Baja California, cuando con el apoyo de nueve diputados panistas se aprobó la reforma a la Constitución local.

"Desde el viernes pasado Ernesto Ruffo [exgobernador panista] ya decía que cuidado con la negociación que se estaba haciendo en el Congreso, porque a cambio del auditor se negoció la ampliación [del mandato]. Montejo es de afi-liación panista, trabajaba en la Auditoría Superior y Secretaría de Planeación y Finanzas", lamentó



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