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Realizan foro "Justicia para Nuevo León"


Publicacion:04-07-2019

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El Poder Judicial debe ser con paridad de género y además la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo debe reformarse

 

El desarrollo del Poder Judicial debe de ser paritario, así se dijo en el  foro “Justicia para Nuevo León” a donde acudieron los magistrados Antonio Ceja Ochoa y Carlos Emilio Arenas Bátiz

Y es que la integración del Poder Judicial debe ser con paridad de género y además la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo debe reformarse, concluyeron este miércoles los integrantes del foro “Justicia para el Nuevo León”.

La mesa de dialogo estuvo encabezada por el Senador de la República, Samuel García Sepúlveda, y por los magistrados Antonio Ceja Ochoa y Carlos Emilio Arenas Bátiz.

Durante la misma, García Sepúlveda y los integrantes del Poder Judicial expresaron que si en la convocatoria que está vigente para elegir a nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado no se decide por 4 mujeres, la paridad será un tema pendiente hasta el 2040.

“La reflexión principal es que estamos en pañales en materia judicial, ya que con todo y avances siguen poniendo cuotas y compadres en lo tribunales, en el pleno y el consejo no ha funcionado como debería”, comentó Samuel.

“Aquí lo toral es que estos juicios que hay en contra de las 4 ternas se van a ganar, fue contundente el magistrado Ceja al mostrar las sentencias que hay de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte que los nombramientos deben ser por mérito, privilegiando la función judicial y con exámenes de oposición y ahora agréguenle la paridad”.

Destacó que actualmente el pleno esta integrado por 11 hombres y 3 mujeres, por lo que sería una contradicción enviar a 4 candidatos varones.

“Si mi pleno yo Poder Judicial somos 11 hombres y 3 mujeres, pues sería antijurídico que mandes otra vez puros hombres porque entonces la paridad la vamos lograr hasta 2040 y eso es obligación hoy, ya es letra, es vigente”.

“Yo lo que pediría es que el Congreso reinicie las ternas o sino cualquiera de los aspirantes que se amparó la va a ganar y va a llegar la obligación jurisdiccional de volver a hacer el planteamiento y cuando vengan las nuevas ternas que pongan puras damas para lograr el 7-7”.

Este tópico fue resaltado también por el magistrado, Carlos Emilio Arenas Bátiz, quien mencionó que el Poder Judicial debe evolucionar así como lo están haciendo las leyes.

“El tema de paridad es importantísimo porque se reservaría la mitad de las posiciones publicas a las mujeres, es uno de los temas pendientes porque actualmente tenemos 3 mujeres y 11 hombres”, comentó.

En un tema relacionado, el magistrado Antonio Ceja Ochoa, resaltó la necesidad de reformar el artículo 116 Constitucional para que los tribunales de lo contencioso administrativo no tengan esa dependencia del Gobernador.

“Si el Contencioso Administrativo formara parte del Poder Judicial y se tuviera un porcentaje del presupuesto para que no se dependa de los vaivenes políticos, daría mucho más independencia; es una iniciativa que no es propia pero que debe ser motivo de reflexión aquí en Nuevo León”, comentó Ceja Ochoa.

“Que la selección de magistrados del Estado y del Contencioso administrativo fuera el mismo y no distinto, porque a los tribunales de los contencioso los selecciona el Gobernador,”,

LAS MEJORAS QUE SE PUEDEN DAR

Es de subrayara que la evolución del contencioso-administrativo en México, en sus sesenta y cinco años de existencia, no sólo ha ocurrido respecto de su organización y del procedimiento que se sigue para resolver las controversias que se someten a su consideración, sino también en cuanto a su competencia material. Un tribunal que nació con una competencia restringida, únicamente respecto de la materia fiscal federal, ahora la tiene más amplia.

En los últimos siete años la evolución del juicio contencioso-administrativo federal ha tenido tres manifestaciones trascendentales.

La primera fue la expedición de la nueva Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 15 de diciembre de 1995, que, como lo indicamos desde la cuarta edición de nuestro libro, intitulado Teoría y práctica del contencioso-administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, amplió la competencia material de dicho órgano jurisdiccional, dado que de acuerdo con la redacción de la fracción XIII del artículo 11 de dicho ordenamiento legal, sería competente para conocer de resoluciones que recayeran al recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

En segundo lugar tenemos la reforma efectuada al Código Fiscal de la Federación, mediante la ley que establece y modifica diversas leyes fiscales, publicada en el Diario Oficial citado, el 30 de diciembre de 1996, que vino a modificar el juicio contencioso-administrativo ante el Tribunal Fiscal de la Federación, en los siguientes aspectos: a) estableció obligación de examinar en primer lugar las causales de ilegalidad que pudieran llevar a declarar la nulidad lisa y llana de las resoluciones impugnadas; b) abandonó el sistema de litis cerrada, para permitir que los gobernados, en el caso de impugnar resoluciones de recursos administrativos, planteen cuestiones novedosas no esgrimidas en el recurso, para que al momento de que el tribunal dicte la sentencia se puedan anular las resoluciones impugnada y recurrida; y c) facultó a las salas del tribunal citado para declarar de oficio la nulidad de la resolución impugnada, por incompetencia de la autoridad que la dictó, y por la ausencia de fundamentación o motivación de dicha resolución.

En tercer lugar se dieron las reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Federación y al Código Fiscal de la Federación, realizadas a través del decreto por el que se reforman diversas disposiciones fiscales, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 2000. Conforme al primer ordenamiento citado, se reformó la denominación de Tribunal Fiscal de la Federación por la de Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, y además se volvió a reformar la fracción XIII del artículo 11 de esa ley, con el fin de establecer la competencia, no sólo para resolver los juicios en contra de resoluciones que concluyan el recurso de revisión de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, sino también para conocer de las controversias respecto de los actos dictados por las autoridades administrativas, que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la referida ley procedimental; asimismo se incorpora la competencia para conocer demandas contra resoluciones negativas fictas configuradas en las materia que son de la competencia de dicho tribunal.

Además se facultó a la Sala Superior para determinar la jurisdicción territorial de la salas regionales, así como su número y sede; y, por último, se modificó la competencia territorial de las salas regionales, en cuanto que ahora serán competentes para conocer del juicio, aquellas en donde se encuentre la sede de la autoridad demandada.

 



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