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Publicacion:22-01-2019

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A través del convenio las partes firmantes desarrollarán acciones específicas para ofrecer atención integral en materia de Tratamiento de Adicciones

 

Por un ejercicio del derecho más puro en  la entidad, el Poder Judicial firmó  el convenio marco en materia de justicia terapéutica.

Y es que la justicia terapéutica extenderá sus beneficios en etapa de ejecución; Poder Judicial de Nuevo León sienta precedente en el país.

Sentando un precedente en el país, el Poder Judicial de Nuevo León extenderá los beneficios de la justicia terapéutica con la firma de un convenio marco de colaboración entablado con la Fiscalía General de Justicia, el Instituto de Defensoría Pública, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Seguridad Pública.

El convenio marco de colaboración se realiza en materia de justicia terapéutica en la etapa de ejecución del Sistema Penal Acusatorio-Oral y Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes.

El convenio fue firmado por el magistrado Francisco Javier Mendoza Torres, Presidente del Tribunal Superior de Justicia; el licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Fiscal General del Estado; el doctor Manuel de la O Cavazos, Secretario de Salud; el licenciado Santiago Piccone Berlanga, Director del Instituto de la Defensoría Pública; y la licenciada Norma Leticia Platas Gómez, en representación del licenciado Aldo Fasci Zuazua, Secretario de Seguridad Púbica en el Estado.

A través del convenio las partes firmantes, en el ámbito de sus atribuciones y respectivas competencias, desarrollarán acciones específicas para ofrecer atención integral en materia de Tratamiento de Adicciones, a las personas sentenciadas dentro del Sistema Penal Acusatorio y Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, y de esa manera implementar el Modelo del Programa de Justicia Terapéutica en la etapa de Ejecución Penal (adultos y adolescentes).

Con estas acciones se busca lograr la reinserción y reintegración social y familiar de las personas sentenciadas, evitar la reincidencia de comportamientos delictivos, ejecutados bajo los influjos de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier sustancia que produzca adicción o hábito, en un marco de respeto a sus derechos humanos.

Además de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal, representa el primer tribunal en su tipo en el País.

“Siendo el primer tribunal de este tipo en el País y además con esto se cumple con las exigencias de la Ley Nacional de Ejecución, la cual prevé como un beneficio preliberacional el someterse precisamente a este tipo de Tribunales, buscando como objetivo la reinserción social y familiar de las personas sentenciadas”, expresó el magistrado presidente Francisco Javier Mendoza Torres.

Se establece como objetivo del convenio realizar a través del programa de Justicia Terapéutica, un sistema de supervisión que garantice a las personas que hayan sido sentenciadas dentro del Sistema Penal Acusatorio y Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, adictos al consumo de bebidas alcohólicas, estupefacientes o cualquier sustancia que produzca adicción o hábito; se sometan voluntariamente a un tratamiento de rehabilitación bajo la supervisión judicial y bajo la evaluación de especialistas, con el fin de evitar la reincidencia delictiva, la recaída en el consumo de las sustancias que les producen adicción, lograr su reinserción y reintegración social y familiar.

El Poder Judicial se compromete a insertar las funciones del programa de Justicia Terapéutica a las actividades de un Juzgado de Ejecución Penal y de Justicia Penal para Adolescentes, respectivamente, a través del cual: se ejercerá la supervisión judicial intensiva y directa de los asuntos derivados del Programa de Justicia Terapéutica, con las intervenciones legales que esto conlleva, mediante la realización y desahogo de las audiencias que sean necesarias.

Además, se desarrollará y dirigirá la celebración de las audiencias de Introducción, Seguimiento y Graduación; se implementarán las medidas que se estimen necesarias para el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Programa de Justicia Terapéutica; se intervendrá para ayudar a resolver los problemas que impidan el progreso del tratamiento; y las demás que señalen las disposiciones aplicables en la materia, así como aquellas que le encomiende el Consejo de la Judicatura.

Los compromisos conjuntos implican coordinarse para la operación del programa, elaborar un manual de operación, fomentar la participación de otras Instituciones o dependencias que puedan proveer servicios adicionales al programa, señalar las necesidades y posibles soluciones en los procesos para mejorar el programa; y proponer las reformas legales que consideren necesarias para el mejor funcionamiento del programa y cumplimiento del mismo.

En la firma de convenio estuvieron presentes como testigos de honor, los Consejeros de la Judicatura del Estado.



« El Porvenir/ Alberto Medina »
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