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Ortega ha cometido graves y escandalosos abusos contra opositores


Publicacion:18-01-2019

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La organización denunció este jueves la crítica situación de las garantías individuales en Nicaragua en su Informe Mundial 2019

 

Nueva York.- La “enorme concentración de poder” del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha permitido a su gobierno cometer “gravísimos” y “escandalosos” abusos contra críticos y opositores con “absoluta impunidad”, fustigó hoy Human Rights Watch (HRW). 

La organización denunció este jueves la crítica situación de las garantías individuales en Nicaragua en su Informe Mundial 2019 sobre derechos humanos, en el cual refiere que la represión ejercida por Ortega desde que llegó al poder en 2007 se ha agravado en la actual crisis sociopolítica que atraviesa el país.

HRW recordó que desde que tomó la Presidencia, Ortega se empeñó en asumir todos los controles institucionales, lo cual le permitió reelegirse y excluir a partidos y legisladores de oposición a través del Consejo Supremo Electoral, cuyas acciones fueron confirmadas por la Corte Suprema de Justicia.

Con la mayoría en la Asamblea Nacional, Ortega aceleró reformas que le otorgaron el control directo sobre la Policía Nacional y el Ejército, lo habilitaron para legislar por decreto y reelegirse de manera indefinida, siempre a la par de la represión contra aquellos nicaragüenses que estuviesen en desacuerdo.

Sin embargo, la crisis sociopolítica que inició en abril de 2018 recrudeció la represión, primero de las protestas contra los planes del gobierno de reformar el Sistema de Seguridad Social, que afectaría las pensiones y jubilaciones, y después contra estudiantes, personal médico y periodistas independientes.

La brutal represión por parte de la policía y de grupos paramilitares leales a Ortega dejó hasta septiembre pasado un saldo de 324 muertos, incluidos 23 niños; más de dos mil heridos, a quienes se les negó la atención en hospitales públicos; y cientos de personas detenidas arbitrariamente, refirió HRW.

Muchos de los detenidos fueron torturados, golpeados o víctimas de violación sexual, mientras que un número indeterminado de personas estuvieron secuestradas por días o semanas, lo que además constituyó “desaparición forzada”, indicó.

Al intensificarse la represión, algunas personas respondieron de manera violenta y 22 policías murieron, por lo que el gobierno acusó a los manifestantes de “terroristas” o “golpistas”, y ha procesado a 477 nicaragüenses relacionados con las protestas, de ellos 136 por terrorismo, según una nueva ley que promulgó.

HRW refirió que el derecho de los acusados al debido proceso, como negarles la posibilidad de elegir a sus representes legales, son violaciones constantes, además de que tanto la Fiscalía General como la Corte Suprema han obstaculizado los esfuerzos internacionales de documentar e investigar los casos.

En su reporte, la organización indicó que defensores y activistas de derechos humanos son objeto de amenazas, muerte, intimidación, difamación, hostigamiento, vigilancia, agresiones y persecución judicial, y estigmatizados por el gobierno para socavar su credibilidad, como en el caso de los obispos.

El Congreso canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a instancias del Ministerio de Gobernación, en tanto que periodistas independientes son hostigados, amenazados y atacados, y diversos medios como La Prensa, Confidencial y 100% Noticias han sido allanados e incluso cerrados.

En lo que va de la crisis, al menos 135 médicos, enfermeros y trabajadores de la salud en hospitales y clínicas públicas; y alrededor de 40 docentes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) han sido despedidos por haber participado en protestas o estar en desacuerdo con el gobierno.

La represión, persecución y violencia han obligado a unos 27 mil nicaragüenses a escapar y buscar asilo en Costa Rica, México, Panamá, Estados Unidos y otros países, enfatizó la organización.

Resaltó además los esfuerzos de organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) para investigar los abusos, pero precisó que el gobierno se negó a cooperar.

Al presentar el Informe Mundial 2019, el director ejecutivo de HRW, Kenneth Roth, resaltó que en Nicaragua como en otros países “la gran novedad del último año no ha sido la persistencia de las tendencias autoritarias, sino la creciente oposición que enfrentan”.



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