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Desean mejoras en derechos integrales


Publicacion:02-11-2018

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La presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, señaló que dicho Congreso tiene como fin dar a conocer los alcances de la Ley Nacional de Ejecución Penal

Por una buen estado de Derecho es necesario que la sociedad vea por los derechos integrales como un todo, por ello la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León convocó a Organizaciones de la Sociedad Civil, academia, servidoras y servidores públicos, así como a la comunidad en general, al Congreso Nacional Penitenciario, Monterrey 2018

Así se llevará a cabo por parte de los   “Derechos Humanos en el Sistema Penitenciario. Retos y perspectivas de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, que se llevará a cabo los días 8 y 9 de noviembre, de 9:00 a 18:30 horas, en el Hotel Fiesta Inn Paseo Tec, ubicado en la colonia Roma,  en Monterrey.

La presidenta de la CEDHNL, Sofía Velasco Becerra, señaló que dicho Congreso tiene como fin dar a conocer los alcances de la Ley Nacional de Ejecución Penal y del derecho humano a la reinserción social efectiva, además de generar el intercambio de ideas y estimular la participación de personas interesadas en el tema, con ponencias que deberán ser enviadas antes del 2 de noviembre.

 “Tendremos conferencias y mesas de trabajo que estarán a cargo de especialistas en el tema, que nos brindarán un panorama más amplio sobre el ámbito penitenciario. La entrada no tiene costo, sólo hay que registrarse. Para mayores informes pueden visitar nuestro portal oficial www.cedhnl.org.mx

CEDHNL

“Como parte del Foro se impartirán las Conferencias “Justicia penal y reinserción social”, a cargo del ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Dr. Sergio García Ramírez;  “Reglas Nelson Mandela”, cuyo expositor será el investigador emérito y Doctor Honoris Causa del INACIPE, Dr. Luis Rodríguez Manzanera”.

“Con el tema “Seguimiento Post-penitenciario”,  participará el ex rector de la Universidad de Ciencias de la Seguridad, Dr. Gerardo Palacios Pámanes, y la Dra. Andrea Guadarrama Prado, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con “Justicia Transicional””.

“Adicionalmente, se llevarán a cabo las mesas de trabajo: “El derecho humano a la reinserción social efectiva”; “Retos y desafíos de la Ley de Ejecución Penal” y “Sistema post-penitenciario y prevención de la reincidencia”, las cuales estarán presididas por la tercera visitadora general de la CNDH, Dra. Ruth Villanueva Castilleja; la tercera visitadora general de la CEDHNL, Lic. Irma Angélica Carlos Silva y la Mtra. Elenka Tapia Mendoza, subdirectora de pronunciamientos y estudios penitenciarios de la Tercera Visitaduría General de la CNDH, respectivamente”.

URGE CUIDADO A DERECHOS

En otro orden de ideas la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León de manera conjunta con la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos, demanda a las autoridades de los tres órdenes de gobierno involucradas en la vigilancia de la denominada “Caravana Migrante”, para que se garantice el respeto y protección de las personas que forman parte de este contingente.

 “Reitera que cualquier acción gubernamental que se tome debe considerar el respeto irrestricto a la dignidad de las personas y la atención de las necesidades específicas de cada grupo como mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como personas mayores y con discapacidad”.

Y es que la CEDHNL en conjunto con las 32 comisiones de las entidades federativas del país, han hecho un llamado grupal para que se privilegie las medidas humanitarias y el efectivo respeto de los derechos humanos, respaldando además las medidas cautelares emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

 

SUS DERECHOS A CUIDAR

Derechos de los migrantes a gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano. El artículo primero de la Constitucional Nacional reconoce de manera amplia (sin excepción) el derecho de toda persona de gozar de los derechos reconocidos por el Estado Mexicano en la Constitución Política Nacional y en los instrumentos internacionales suscritos por este. Este reconocimiento amplio implica que no sólo los nacionales gozarán de los mismos, sino que toda persona, por supuesto, extranjeros. Ante esto la población migrante, con independencia de su condición jurídica en el país, le son reconocidos todos los derechos que al resto de las personas y por ende, deben serles respetados. El respeto irrestricto de los derechos humanos de la población migrante es uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración publicada el 25 de mayo de 2011.

Derecho a la Nacionalidad. Toda persona nacida en México, sin importar la nacionalidad de sus progenitores, tiene derecho a ser reconocida como mexicana y gozará de todos los derechos en su calidad como tal, incluyendo la regularización migratoria de sus padres.

Derecho al libre tránsito. Toda persona, independientemente de su origen étnico o nacional, tiene el derecho de circular libremente por el territorio mexicano y la verificación migratoria sólo podrá ser realizada exclusivamente por personal del Instituto Nacional de Migración.

Derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.  En México todas las personas, sin importar su origen étnico o nacional y su estado migratorio, tienen derecho a que se garantice que en cualquier proceso administrativo o judicial se cumplan las formalidades esenciales y esté apegado a derecho, con base en los lineamientos constitucionales e Internacionales.

Derecho a la atención consular.  En caso de cualquier problema penal o migratorio en que se vea involucrada una persona de nacionalidad extranjera, sin importar su estatus migratorio, tiene derecho a que se le comunique a su consulado su situación jurídica y a recibir asistencia por parte del mismo.

Derecho a no ser discriminado. La condición jurídica del migrante, su nacionalidad, su pertenencia a un grupo étnico, su condición económica, entre muchas otras condiciones, no es causa para ser discriminado y negados sus derechos. La Constitución Mexicana ha incorporado la cláusula de no discriminación al texto constitucional (artículo primero) en concordancia con diversas normas internacionales que forman parte del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, por lo que ningún migrante debe sufrir  discriminación por tal circunstancia. La prohibición de discriminación hacia las personas migrantes está igualmente reconocida como uno de los principios en los que se sustenta la Ley de Migración.

Derecho al asilo. En México toda persona extranjera en caso de persecución por motivos de orden político tiene derecho a solicitar asilo.

Derecho al refugio. Toda persona extranjera cuya vida corra peligro en su país de origen, puede solicitar refugio por razones humanitarias, siempre y cuando cumpla con los requisitos que determina la ley en la materia.

Derecho a la protección de la unidad familiar. Toda persona, en situación de migración, tienen derecho a la unidad y/o reunión familiar, más aún en tratándose de niñas, niños y adolescentes en movilidad por contextos de vulnerabilidad.

Derecho a la dignidad humana. La condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, por tanto, nadie (autoridades y civiles) tiene derecho a dar un trato diferenciado y excluyente a estas personas. Su paso y estadía por el Estado Mexicano no debería significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni probable afectaciones a su integridad, patrimonio y su libertad.

Derecho a no ser criminalizado. El ingreso no formal al país de la población migrante no es motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. Ser migrante no implica ser delincuente. Su ingreso contrario a la norma al país implica una infracción administrativa, no un ilícito penal. En ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de un migrante por el hecho de encontrarse en condición no documentada. (Artículo 2, segundo párrafo de la Ley de Migración).

Derecho ser alojados en una estación migratoria. En caso de detención por encontrarse en situación migratoria irregular y al tratarse de una infracción administrativa, el resguardo de la persona para determinar su condición jurídica debe realizarse en los lugares oficialmente destinados para ello y no en casas de seguridad o prisiones.

Derecho a un alojamiento digno. Las personas migrantes deben recibir en el lugar en que se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad como personas. Las instalaciones migratorias deben cubrir estas exigencias y las autoridades deben dispensar un trato adecuado y respetuoso de sus derechos humanos.

Derecho a no ser incomunicado.  A las personas migrantes no debe, por ninguna circunstancia, serles negada la visita de sus familiares, organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos, representantes legales y autoridades consulares de su país.

Derecho a un traductor. Para efecto de expresar sus necesidades y contar con una adecuada defensa ante las autoridades migratorias, aquellas personas que no hablen o entiendan el español, deberá proporcionárseles un traductor por el Estado Mexicano.

Derecho a no ser detenidos en Albergues. Las autoridades migratorias no tienen la atribución conferida por ley de realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados en albergues con este fin patrocinados por Asociaciones Civiles o personas que presten asistencia humanitaria a los mismos. El Instituto (Nacional de Migración) no podrá realizar visitas de verificación migratoria en los lugares donde se encuentre migrantes albergados por organizaciones de la sociedad civil o personas que realicen actos humanitarios, de asistencia o de protección a los migrantes. (Artículo 76 de la Ley de Migración)

Derecho a la hospitalidad del Estado receptor y a la solidaridad internacional. Este derecho implica que el Estado mexicano debe proporcionar protección a aquellas personas que por circunstancias adversas en sus lugares de origen, pongan en riesgo sus vidas y requieran un nuevo lugar para vivir.

Respeto al derecho a la diversidad cultural y a la interculturalidad. Las personas migrantes que ingresan al país, con independencia de la situación en que lo hagan, tienen derecho a manifestar libremente su cultura y tradiciones, siempre y cuando no vulneren derechos humanos o cometan delitos con tales conductas. Además, tienen derecho a propiciar la interculturalidad, esto es, interactuar con personas con culturas diferentes a las suyas, a efecto de lograr canales de comunicación que favorezcan la interacción respetuosa y armónica entre los grupos.

 



« El Porvenir / Alberto Medina »
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