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Deben hacer realidad los principios de igualdad


Publicacion:04-10-2018

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La Magistrada Otálora Malassis dijo que está en manos de la judicatura hacer realidad los principios de igualdad, representación y participación.

Por el bien de la sociedad, quienes imparten justicia son responsables de hacer realidad las promesas constitucionales y convencionales de igualdad, dijo la Magistrada Otálora Malassis.

Y es que la magistrada presidenta del TEPJF, dijo que está en manos de la judicatura hacer realidad los principios de igualdad, representación y participación, además de materializar las aspiraciones de un país en democracia.

Indicó que la impartición de justicia implica producción de verdades e interpretaciones de la realidad, con consecuencias irreversibles en las vidas de las personas, de ahí la importancia de juzgar con enfoque de género e interculturalidad.

“Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas. Necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren”, dijo.

La magistrada presidenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, aseguró que quienes imparten justicia tienen la responsabilidad de hacer realidad las promesas constitucionales y convencionales de igualdad a las que tienen derecho comunidades y pueblos indígenas, particularmente las mujeres.

Al participar en la inauguración del “Cuarto Encuentro Internacional Juzgando con Perspectiva de Género. Cinco Continentes por la Igualdad”, señaló que tanto en la Constitución como los Tratados Internacionales se establece cómo se debe tratar a una persona para reconocer su dignidad, lo que hay que hacer para lograr un Estado de Derecho y construir un proyecto de país que tome en cuenta la interculturalidad, que logre la introyección de la riqueza de la diversidad.

Ante juzgadoras y juzgadores nacionales e internacionales, la magistrada presidenta recordó el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena me'phaa, quien fue violada por elementos del Ejército mexicano a los 17 años, qué después de un largo y tortuoso esfuerzo obtuvo justicia con una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó que el Estado Mexicano había violado sus derechos.

“No es posible que mujeres indígenas tengan que acudir a instancias internacionales para que sus derechos les sean reconocidos. Los órganos nacionales de justicia debemos de avergonzarnos de que esto suceda. Por ello me interesa reflexionar sobre la forma en que quienes impartimos justicia debemos de aproximarnos a las demandas de las mujeres indígenas, dado que tenemos una responsabilidad enorme para que sus derechos sean materializados”, aseveró.

“En nuestras manos está hacer realidad las promesas constitucionales de igualdad, representación y participación, de materializar las aspiraciones de un país en democracia que se reflejan en los mandatos de los tratados internacionales”, agregó. Otálora Malassis en el evento de inauguración, en el que también participaron el Ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, las Ministras Margarita Beatriz Luna Ramos y Norma Lucía Piña, los Ministros Alberto Pérez Dayan y Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, así como la Magistrada de la Sala Superior, Mónica Aralí Soto Fregoso.

Otálora Malassis indicó que las resoluciones de los y las juzgadoras no deben de partir de parámetros delineados por la visión formalista del Derecho, esto es que esas resoluciones deben considerar que existen muchos proyectos de vida posibles que se dibujan a partir de la cosmovisión de los pueblos, comunidades y personas indígenas.

De la misma manera, continuó, esas decisiones deben contrarrestar las narrativas hegemónicas de lo que son, de cómo se comportan y de las aspiraciones de las mujeres indígenas, además de que deben evitar mirar la otredad como lo exótico, lo que conmueve, ya que en ello subyace un cierto desdén.

“Con nuestras sentencias reafirmamos a las mujeres indígenas el sentido de estar en el mundo, de que pertenecen a él, de que importan, tienen una voz, algo que decir y que las escuchamos. Las mujeres indígenas no necesitan ser salvadas, necesitan que nuestras sentencias las miren con sus ojos, las nombren. Para eso, quienes impartimos justicia, debemos hacer una introspección y revisar nuestros condicionamientos basados en estereotipos discriminadores e inercias de sobreprotección y colonización”, dijo.

Otálora Malassis insistió en que quienes imparten justicia, deben darse cuenta de si su formación limita el entendimiento de los problemas que enfrentan las mujeres indígenas en el ejercicio de sus derechos, además de ser conscientes de dónde se encuentran y en dónde deben colocarse cada vez que analicen y resuelvan casos que las involucran.

“Así, y sólo así, estaremos en condiciones de dictar sentencias que abonen a la lucha que las mujeres indígenas hacen y siguen haciendo desde sus saberes, desde su autonomía”, puntualizó la magistrada presidenta del TEPJF.

 

EL ESTADO CUIDA EL DERECHO

Además dijo que el impartidor de justicia debe ser sensible a las necesidades de la sociedad y a los nuevos conflictos que se dan en la vida social: Otálora Malassis.

“La demanda de justicia que tenemos va en aumento, y la respuesta que tenemos que dar los jueces es también, cada vez más, una respuesta compleja, estamos ante conflictos novedosos”, señaló la presidenta del TEPJF.

“Sin autonomía presupuestal, difícilmente los poderes judiciales podrán ejercer su trabajo acorde con lo establecido en la Constitución”, reiteró.

“El impartidor de justicia sí da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, pero tenemos que estar en constante capacitación y formación; sensibles a las necesidades de la sociedad y a los nuevos conflictos que se dan en todos los ámbitos de la vida social”, afirmó la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine M. Otálora Malassis, durante el panel “La impartición de justicia que México requiere”, que se realizó en el marco de la décimo tercera asamblea general de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia A.C.

“La demanda de justicia que tenemos va en aumento, y la respuesta que tenemos que dar los jueces es también, cada vez más, una respuesta compleja, estamos ante conflictos novedosos, yo podría hablar en el ámbito de la justicia electoral, donde vemos planteamientos nuevos, como los candidatos transgéneros, que tuvimos que resolver acudiendo a ramas del conocimiento que no solían utilizarse en el ámbito de la justicia electoral”, compartió.

Frente a impartidoras e impartidores de justicia de México, que se dieron cita en el Centro de Convenciones Siglo XXI de la capital yucateca, la magistrada presidenta de la Sala Superior del TEPJF detalló que, entre los temas que deben reforzarse para consolidar la confianza ciudadana en la impartición de justicia, destacan la independencia sobre cómo se toman las decisiones y cuáles son los argumentos que llevan a un juez a decidir en un sentido o en otro de manera muy libre.

Asimismo, señaló la necesidad de fortalecer la transparencia en el actuar de los jueces, la rendición de cuentas sobre en qué y cómo se ejerce el presupuesto y la autonomía presupuestal: “Sin autonomía presupuestal, difícilmente los poderes judiciales podrán ejercer su trabajo acorde con lo establecido en la Constitución. Una autonomía que deberá traducirse, por lo menos en lo que respecta al ámbito electoral, en porcentajes variables en función de los años con elecciones o sin elecciones” detalló.

Es de subrayar que dentro de este desarrollo legal, el TEPJF impulsa mecanismos para fortalecer la justicia abierta.

La Sala Superior lleva a cabo el Foro “Transparencia y rendición de cuentas, retos para una justicia abierta electoral”, en La Paz, Baja California Sur.

La magistrada Soto Fregoso y los magistrados De la Mata Pizaña y Vargas Valdez debatieron sobre la justicia abierta y su importancia para transparentar el trabajo del TEPJF ante la sociedad.

La magistrada y los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y José Luis Vargas Valdez, aseguraron que es fundamental seguir reforzando los mecanismos que permitan fortalecer el esquema de justicia abierta en este órgano jurisdiccional, a fin de que su trabajo y su actuación sean más transparente ante la ciudadanía.

La magistrada Soto Fregoso subrayó que a todos les queda claro que ya no es suficiente sólo hablar de transparencia, sino que hay que ir evolucionando a la demanda de lo que la sociedad requiere de sus autoridades y de sus instituciones para alcanzar la justicia abierta.

Al moderar los trabajos del Foro “Transparencia y rendición de cuentas, retos para una justicia abierta electoral”, indicó que un punto clave en este tema, es establecer los mecanismos que permitan empoderar a la sociedad y garantizar que esté segura de que su voz va a ser escuchada y que las instituciones y autoridades atenderán sus demandas.

“Hay que trabajar también en este cambio de paradigma, en donde necesitamos no verlo como una confrontación entre sociedad e instituciones, o sea, las instituciones también son necesarias y deben existir para el fortalecimiento del Estado de Derecho, y todo el Estado de Derecho es obviamente para generar un Estado de una sociedad democrática y de un bienestar de la sociedad en general”, subrayó Soto Fregoso.

En su oportunidad, el magistrado Vargas Valdez señaló que, como juzgadores, deben entender que el punto principal de la justicia abierta es que la ciudadanía tenga acceso a la justicia, porque si no se empieza con ello no puede haber esa justicia abierta. Por ello, desde que inició la actual integración, en el TEPJF se ha trabajado profundamente en lo que tiene que ver con impulsar sentencias claras, breves y en un lenguaje evidentemente ciudadano.

El magistrado del TEPJF informó que se debe ejercer las prácticas de transparencia en la labor cotidiana, y que incluso las audiencias que se llevan con las partes, así como las sesiones privadas, deben tener un grado de publicidad.

“De ahí que yo he propuesto y estoy trabajando con mis compañeros para que nuestras audiencias en las cuales acuden las partes, sean absolutamente públicas, puedan ser incluso videograbadas, puedan estar las dos partes, si gustan, y todo mundo pueda ver qué le dijeron al juez y que del juez, por lo tanto, que haya una congruencia entre lo que escuchó, entre los argumentos y elementos que están en el expediente y lo que finalmente vota o resuelve en una sentencia”, planteó Vargas Valdez.

Por su parte, el magistrado De la Mata Pizaña, señaló que la noción de gobierno abierto y de justicia abierta representan un paso que va más allá de lo que es la transparencia, ya que representa lo que sería la “casa ciudadana de cristal”, en la que todos los ciudadanos se puedan sentir cómodos, a la que puedan entrar y sentirse bien atendidos por las instituciones electorales, así como por todas las instituciones de gobierno y de justicia, a fin de que puedan supervisar, escudriñar y analizar los procedimientos que en ellas se realizan, amén de que estos sean amigables.

Al participar en el Foro, subrayó que, al hacer una evaluación sobre los avances alcanzados, pareciera que la transparencia ya no es suficiente para los ciudadanos, ya que dicha transparencia fue el comienzo, fue el principio de esta temática, pero la verdad es que ahora “ya tenemos que dar un paso más”.

“Este tema justamente implica que todos nos pongamos justo bajo este nuevo paradigma. Cuando hablamos de justicia abierta no estamos hablando sólo de transparencia, estamos hablando de un verdadero compromiso ciudadano, donde la ciudadanía se sienta cómoda con nuestra actuación, que le entienda, la perciba, la analice, la critique y, por supuesto, las instituciones mejoren en la medida en la cual la crítica ciudadana sea constante y eficiente”, aseveró De la Mata Pizaña.

En el Foro participaron Blanca Lilia Ibarra, Comisionada del Instituto de Nacional Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (Inai); Betsabé Dulcinea Apodaca Ruiz, Magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Baja California Sur; Conrado Mendoza Márquez, Comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Baja California Sur; y Lucía Frausto Guerrero, Directora general de Cómo Vamos La Paz.

 

 

 



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