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Exigen juristas aprender de lecciones del pasado


Publicacion:26-09-2018

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El 11 de septiembre de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó los resultados de la investigación periodística.

En un punto de comparación sobre el Derecho y a un año de la tragedia de los terremotos en México, juristas locales cuestionaron el: ¿Por qué se cayó mi edificio?.

Ya que el 11 de septiembre de 2018, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad presentó los resultados de la investigación periodística.

Bajo esta visión, el jurista Gustavo de Hoyos dijo que ¿Por qué se cayó mi edificio?, donde muestran que la Ciudad de México está a merced de una nueva catástrofe.

“Las lecciones que dejaron los terremotos se olvidaron. La gente no tiene forma de saber si la escuela de sus hijos, sus oficinas, el departamento recién comprado, la vivienda rentada o el sitio donde hará un trámite va a desplomarse en cualquier momento”.

“Salvar la vida o perder el patrimonio dependen del azar. El Reglamento de Construcciones se ignora por autoridades y constructores. Los ciudadanos quedaron atrapados en edificios donde se modificaron los cálculos de ingeniería para aumentar las ganancias de las constructoras; en inmuebles levantados con materiales de baja calidad o insuficientes; en sitios construidos sobre cimientos viejos, pero que se presumían como departamentos nuevos. Las familias afectadas invirtieron sus ahorros, o comprometieron su patrimonio en cascarones”.

Legalmente los Directores Responsables de Obra (DRO), al ser contratados por las inmobiliarias tienen un conflicto de interés. Los documentos y planos para obtener permisos sólo se firman, sin que se revise la autenticidad de la información. En varios edificios aparecen nombres ligados con autoridades del gobierno de la Ciudad de México, como familiares de Simón Neumann, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) y Fernando Méndez Bernal, ex presidente del Colegio de Arquitectos —entidad que certifica a los DRO— y ahora asesor del director de Seduvi.

Además de que las autoridades ignoraron a los vecinos que denunciaron inmuebles que violaban usos de suelo, construcciones que se levantaban sin permisos o edificios que tenían daños desde el sismo de 1985 y se reconstruían para venderlos como departamentos. Se utilizan documentos falsos, con información que no corresponde a lo que se construye. Las autoridades firman y otorgan permisos sin revisar planos o estudios de suelo. Y aunque los revisaran, muchos de ellos no tienen los conocimientos profesionales para hacer una correcta evaluación.

 Los planos, memorias de cálculo, mecánicas de suelo, manifestaciones de construcción no se encuentra en los archivos delegacionales o están incompletos.

“A doce meses del sismo, la vida de la gente que perdió a su familia y su patrimonio aún no se restablece. La impunidad es lo que predomina. Los dueños de empresas inmobiliarias y DRO están prófugos. No se ha sancionado a ninguna autoridad que haya firmado manifestaciones de construcción o autorizaciones de uso de suelo. Las autoridades han fallado. En el siguiente terremoto, estaremos condenados a que se repita la historia si no se termina con esa cadena de corrupción, negligencia e impunidad.

Darío Ramírez, Director de Comunicación de Mexicanos Contra la Corrupción destacó: “Es urgente que las autoridades y constructoras tomen este asunto con la seriedad que amerita, comiencen a cumplir con la norma y a realizar su función, de lo contrario seguiremos teniendo muchas muertes qué lamentar”.

Dijo que es urgente que el Estado de derecho se restablezca.

Además en casos legales prácticos, juristas de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), presentaron una denuncia (con sello de recibido de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia), ante la Procuraduría General de la República (PGR), en contra de los funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la Universidad Autónoma del Estado de México y diversas empresas “fantasma” que resulten responsables del desvío de recursos públicos evidenciado en la investigación “La Estafa Maestra”.

Así es que con base en los informes publicados por la Auditoría Superior de la Federación en 2013 y 2014. Dicha investigación fue complementada por el diario Reforma, en lo referente a la transferencia de cientos de millones de pesos a domicilios particulares por medio de una intricada triangulación de depósitos en efectivo.

“Las investigaciones contienen suficientes elementos de prueba para solicitar que se abra una carpeta de investigación, relacionada con los convenios celebrados entre diversas entidades y universidades públicas mediante la subcontratación de empresas privadas, algunas de ellas catalogadas como “fantasma” por el Sistema de Administración Tributaria”.

“Esta demanda se suma a las acciones jurídicas presentadas por la Auditoría Superior de la Federación ante la PGR”.

“Estamos conscientes de que la corrupción no se resuelve con la sanción de unos cuantos casos emblemáticos, pero también de que la impunidad prevaleciente no puede persistir. La historia reciente muestra que cuando no hay consecuencias para los actos y redes de corrupción, estos se multiplican”.

Con esta denuncia, MCCI busca que las instancias de procuración e impartición de justicia actúen, no con base en propósitos políticos, sino con base en los principios que subyacen a la creación de una Fiscalía autónoma e independiente y en la aspiración constitucional de contar con una justicia pronta y expedita.

No corresponde ni al Presidente Constitucional ni al Presidente Electo decidir a quién investigar y sancionar y a quién no. Nuestro mensaje es claro, para este y para otros casos: no a la impunidad, no a los pactos de impunidad y no a la “politización” de la justicia que es la negación de la justicia.

“La estrategia legal fue realizada en colaboración con Tojil AC., abogados especializados en litigio penal anticorrupción”.

Las siguientes personas respaldan la denuncia presentada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad ante la Procuraduría General de la República.



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